Durante esta mañana, el contralor general Jorge Bermúdez asistió a la comisión que investiga las irregularidades en el cambio del padrón electoral, pero a su salida también se refirió al escándalo por la malversación de fondos al interior de Carabineros.
Al respecto, reveló que Contraloría no se encuentra realizando ningún tipo de investigación a la institución uniformada, ya que en el caso puntual de Carabineros las responsabilidades administrativas que puede castigar el ente persecutor prescriben a los 6 meses, mientras que los hechos ocurrieron entre 2011 y 2015.
Lo anterior, debido a una normativa antigua que sólo implica a Carabineros, mientras que en las demás ramas de las Fuerzas Armadas se extiende por un año. Asimismo, para la mayoría de los funciorios públicos rige por un periodo de 4 años. En ese contexto, “si usted me habla de responsabilidades administrativas de hechos que ocurrieron el año 2015, hay que decir derechamente que eso está prescrito”, recalcó Bermúdez.
Por otra parte, el contralor también se refirió a otras investigaciones, como la que se está desarrollando por los hechos de corrupción al interior del Ejército, a propósito del inexplicable aumento de patrimonio del General (r) Fuentealba, ex Comandante en Jefe de esa institución.
En medio de todos los casos en curso, Bermúdez recalcó que Contraloría General de la República inició una auditoria nacional de los pagos de remuneraciones de los ministerios más grandes, como Educación, Salud y Defensa, además de las Fuerzas Armadas.
“Nosotros en la Contraloría definimos como prioridad nacional realizar una auditoria en todos los servicios públicos que tienen gran cantidad de personal”, explicó el contralor general.
Eso sí, en la arista penal del Fraude a Carabineros, quien tomó determinaciones fue el Consejo de Defensa del Estado, el cual se querelló contra los responsables del caso ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
