Un escueto comunicado publicado en el portal web institucional, levantó las alarmas en la comunidad académica de la Universidad Iberoamericana, en medio de un complejo escenario de renuncias, deudas y conflictos familiares que mantiene en vilo a sus 2.900 alumnos.
“Se informa a la comunidad que debido a ajustes administrativos se ha modificado el calendario académico 2017 en la siguiente forma: Inicio de clases de estudiantes nuevos: Lunes 13 de marzo. Inicio de clases de estudiantes de cursos superiores: Miércoles 15 de marzo”, indica el breve comunicado.
“Ajuste administrativo” que se conoció luego de la sorpresiva renuncia del rector Félix Viveros ayer lunes, quien se sumó a otros 4 miembros de la junta directiva que dieron un paso al costado. La decisión ya fue informada al Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y a la Comisión Nacional de Acreditación.
Estos cambios se producen en medio de una grave crisis económica del plantel de educación superior, que suma una deuda de $1.200 millones, otra de $600 millones por el CAE y unos $400 millones comprometidos a proveedores. Incluso, unos 250 funcionarios aún no han podido cobrar sus sueldos de febrero, según publica La Tercera.
Recordemos que la Universidad Iberoamericana perdió su acreditación en 2013, en octubre pasado la recuperó por dos años.
Se esperaba una inyección de recursos de mil millones de pesos por parte de Filomena Narváez, fundadora de la institución en 1989. Pero sólo aportó $525 millones en cuotas, cantidad insuficiente para amortizar la millonaria deuda.
Sin embargo, los problemas no son recientes. Ya en 2012 los 3 hermanos Cárdenas Narváez intentaron declarar interdicta a la fundadora, por lo que asumió en su reemplazo Gladys Cárdenas. Esta última, finalmente, dejó su puesto en la asamblea de socios, donde los hermanos tomaron finalmente el control.
La decisión en parte se justificaba luego de la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Narváez, luego que se omitiera la declaración de renta de la institución entre 2009 y 2011, y por entregar una declaración incompleta en 2015.
