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Suprema ampl√≠a extradici√≥n de Fujimori: Per√ļ podr√° investigarlo por nuevos delitos
Publicado por: Carolina Reyes
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El ministro instructor de la Corte Suprema Ricardo Blanco, acogi√≥ el requerimiento planteado por la justicia peruana en enero pasado, y ampli√≥ la extradici√≥n de Alberto Fujimori a los delitos de asociaci√≥n il√≠cita para delinquir; homicidio calificado y peculado en contra de la administraci√≥n p√ļblica, hechos que habr√≠a cometido durante su mandato presidencial.

En la resolución, el ministro Ricardo Blanco, tras analizar los antecedentes aportados por el Estado requirente, establece que existen presunciones fundadas para estimar la participación del exmandatario en los delitos.

En este tipo de procedimientos “no se requiere una certeza plena que vaya m√°s all√° de toda duda razonable, ni una convicci√≥n judicial total que permita fundar una sentencia condenatoria, porque el objeto de este procedimiento no tiene como finalidad ni la sanci√≥n o absoluci√≥n del extraditable, entonces el est√°ndar requerido para el establecimiento de los il√≠citos materia del requerimiento, es inferior al que se necesita para un juicio de fondo”, sostiene el fallo.

La resoluci√≥n agrega que existe abundante prueba directa -declaraciones de testigos y documentos- que “permiten dar por establecido el Peculado -homologado al Fraude al Estado-, y con el c√ļmulo de probanzas que se adjuntaron, tambi√©n se acredit√≥ el delito de Asociaci√≥n il√≠cita, puesto que resulta irrefutable que la citada agrupaci√≥n que se conform√≥, pose√≠a una amplia estructura operativa, de naturaleza clandestina, con una cadena de mando jerarquizada, pero compartimentada en sus ejecuciones”.

El fallo agrega que la “organizaci√≥n criminal que, ide√≥, program√≥ y traz√≥ un plan de acci√≥n con las exigencias propias de esas entidades, y a la luz de las probanzas agregadas a los autos, resulta evidente que los acontecimientos ocurridos -m√ļltiples asesinatos- se verificaron dentro del √°mbito de antijuridicidad en que se desenvolv√≠a la referida asociaci√≥n, cuyos integrantes realizaron una serie acciones encaminadas a conseguir el prop√≥sito criminal de la organizaci√≥n delictiva, consistente en eliminar f√≠sicamente a civiles que eran opositores al r√©gimen pol√≠tico imperante”.

Asimismo indica que “si bien, de manera preliminar, la pol√≠tica estatal de seguridad implementada por el imputado, no habr√≠a sido dise√Īada para atacar a v√≠ctimas civiles, en la pr√°ctica s√≠ se hizo, y esto es lo que debe tenerse en cuenta para efectos de determinar la verdadera esencia de la conducta il√≠cita”.

Delitos de lesa humanidad

Tras un exhaustivo an√°lisis sobre la eventual prescripci√≥n de los delitos, el ministro de la Corte Suprema chilena, sostiene que “fluye de los antecedentes que la acci√≥n penal por los delitos que se le imputan al requerido se encuentran plenamente vigentes, ya que se cometieron dentro de un contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, por consiguiente, al constituir delitos de Lesa Humanidad son de naturaleza imprescriptibles”.

En concordancia a los razonamientos desarrollados en la sentencia, el ministro Blanco asevera que “el ejercicio de la funci√≥n p√ļblica tiene l√≠mites que derivan de que los Derechos Fundamentales son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”.

“Como ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protecci√≥n a los Derechos de esa clase, en especial a los derechos civiles y pol√≠ticos recogidos en la Convenci√≥n, parte de la afirmaci√≥n de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser leg√≠timamente menoscabados por el ejercicio del poder p√ļblico”, finaliza.

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