Rechazo en diversas agrupaciones causó la decisión de la Corte Suprema de reasignar a los ministros a cargo de las causas de violación a los derechos humanos en dictadura.
La medida, anunciada la semana pasada, dejó a las investigaciones de trece ciudades del país a cargo de cuatro ministros, ubicados cada uno en las Cortes de Apelaciones de La Serena, Santiago, Concepción y Temuco. El objetivo, según informó el Poder Judicial, fue dar mayor agilidad y eficacia a los procedimientos
Lo anterior, causó rechazo en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su presidenta, Lorena Pizarro, consideró que los cambios frenan las indagatorias al traspasar las carpetas a nuevos jueces que no tienen el conocimiento debido de las causas.
Por lo mismo, indicí Pizarro, ya pidieron reunión con el presidente de la Corte Superma, Hugo Dolmesh, para debatir al respecto.
Medidas que en Puerto Montt la misma agrupación rechaza. En esta ciudad se traspasarán las causas, a partir del 1 de marzo, al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa.
El líder de la asociación en la zona, Alfredo Argel, no descartó llegar a la corte interamericana de Derechos Humanos por la medida tomada por el máximo tribunal chileno.
El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, consideró que deberá evaluarse si realmente el cambio beneficia la eficacia de las investigaciones, tal como se fundamentó por parte de la Suprema.
A pesar de lo anterior el abogado, Cristian Cruz, confía en la experiencias de los nuevos ministros designados y tiene las esperanzas en que la eficiencia con los cambios aumente.
