El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, informó este jueves al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, en cumplimiento al dictamen de la Contraloría General de la República, se ha puesto término al contrato laboral de los cuatro funcionarios a los que se refiere dicha resolución.
Se trata de 4 profesionales que se encontraban en comisión de servicio y cuya contratación fue ordenada, mediante un oficio de enero de 2016, por Javiera Blanco, titular en aquel entonces del Ministerio de Justicia y hoy flamante miembro del Consejo de Defensa del Estado.
Cabe recordar, que el instructivo además especificaba el tipo de contrato que debía hacerse, el grado en la Escala Única de Sueldos -con pagos sobre los 3 millones de pesos- y la unidad en la que debían ser incorporados: Roberto Gónzalez Mateluna, Juan Pablo Cárdenas Castro (PS) , Héctor Opazo Zamora y Alejandro Pérez-Cotapos Santis (DC al menos hasta el 2014).
“La facultad de efectuar contrataciones recae exclusivamente en los directores nacionales de los servicios y este ministerio ha sido respetuoso de esa atribución”, señalaba Javiera Blanco en junio de 2016, desmintiendo las declaraciones entregadas por el exdirector de Gendarmería Tulio Arce, quien aseguraba ya haber recibido presiones por parte de ella y de quien era subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez.
Con la desvinculación de los profesionales, el ministerio da cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría en su dictamen emitido el martes, donde además de rechazar las contrataciones por considerar irregular el oficio enviado por Justicia, dictaminó que los funcionarios debían dejar su cargo en un plazo de 15 días.
