La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) valoró el anuncio del Gobierno de enviar un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal.

La institución aseveró que en un Servicio Forestal público debiesen darse por superadas las metas de autofinanciamiento a las que está obligada la actual CONAF, lo que condiciona fuertemente su capacidad financiera.

“Lo que ocurre hoy con los dramáticos y masivos incendios forestales hace indesmentible la necesidad de abordar la planificación de uso del territorio que considere criterios ambientales, sociales y económicos mediante nuevas herramientas legales que Conaf en su carácter actual no podría asumir”, manifestó el directorio AIFBN.

Cabe recordar que la idea de un Servicio Forestal público no es nueva. En su Programa de Gobierno para el periodo 2014–2018, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a estudiar la naturaleza jurídica de la CONAF. Con anterioridad, el año 2012, el Congreso había rechazado el proyecto conocido como “CONAF Pública” presentado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. “Dicho rechazo lo valoramos en su momento, ya que la propuesta no cumplía cabalmente el objetivo de generar una institución más moderna y sólida”, aseguró la agrupación a través de un comunicado.

A lo anterior, añadieron que: “Tal como lo hicimos ver hace unos días, la transformación de la Corporación Nacional Forestal de derecho privado en un servicio público robusto y eficiente es urgente, y constituye el primer paso para construir en el país una institucionalidad forestal que sea capaz de establecer políticas públicas sectoriales que resuelvan los problemas que están en el origen de catástrofes como las que hoy sufre el país”.

Por último, resaltaron las cifras macroeconómicas que evidencian la relevancia del sector forestal, situación que, a su juicio, no se condice con la debilidad de la institucionalidad pública forestal y “su escasa importancia en la agenda pública nacional”.

La Aifbn explicó que con el anuncio del Gobierno, observan una nueva oportunidad de generar las bases de una institucionalidad fuerte, con visión de largo plazo que resguarde las condiciones de vida de los propietarios de bosques y habitantes rurales, entre otros aspectos necesarios que incentiven la conservación y el buen manejo del bosque nativo.