Los fiscales Manuel Guerra y Carlos Gajardo solicitaron a la Cámara de Diputados remitir todos los informes de asesorías contratadas por los parlamentarios en el periodo de los años 2011 y 2015.
Los persecutores indagan el testimonio de la exasesora de la UDI, Lily Zúñiga, quien denunció a la Fiscalía un posible mecanismo irregular para el financiamiento del gremialismo, a través de empresas contratadas para asesorías a parlamentarios del partido y pagadas con dineros del Congreso.
En ese sentido, la semana pasada funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones concurrieron a las oficinas de tres sociedades vinculadas a la bancada UDI, para solicitar información contable.
Las diligencias fueron solicitadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y buscan reunir antecedentes para aclarar si estas compañías fueron o no creadas de manera irregular, para prestar asesorías externas a congresistas UDI y así desviar dineros hacia el partido.
Se trata de las empresas B&C Consultores Ltda., ubicada en Concepción; Sociedad Legal Ltda., en Viña del Mar; y Visión Legislativa y Parlamentaria, en Santiago.
