Un duro presente enfrenta el desaforado diputado Gaspar Rivas luego de ser condenado a 180 días de pena remitida, el pago de una multa por 40 UTM (poco más de 1,8 millones) por el delito de injurias en contra del empresario Andrónico Luksic.
Todo, luego de catalogar al millonario como “delincuente” e “hijo de puta”, tanto durante una sesión en la Cámara, como en sendas entrevistas con The Clinic y Radio Bío Bío.
No obstante, los abogados del parlamentario aún pueden pedir la nulidad del juicio en los tribunales de segunda instancia.
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Pero más allá del tema legal, lo concreto es que este caso -inédito en nuestro país- develó el vacío legal respecto a los pagos de dietas parlamentarias, que en la práctica es el sueldo de los honorables, en el caso que alguno sea desaforado o condenado por la justicia.
En el caso del diputado Gaspar Rivas, sólo por el hecho de haber sido desaforado, perdió el derecho de ingresar a las sesiones de la Cámara para emitir opiniones o para votar, y tampoco puede participar en las comisiones permanentes o investigadoras.
De esta forma, el hemiciclo modifica su quórum, mientras que en las comisiones se le busca un reemplazante, que sale generalmente de su partido o de su bancada. En este caso, la decisión se tomará en la bancada que corresponde a los Independientes, que conforman Karla Rubilar y Alejandra Sepúlveda.
Sin embargo, Rivas continúa recibiendo su dieta parlamentaria de poco más de $6,5 millones ($6.657.000), sólo que no recibe ni viáticos, ni otras regalías, por su condición de desaforado.
Paradójicamente, el propio diputado por San Felipe y Los Andes presentó enero de esta año una moción para modificar el Artículo 62 de la Constitución, que establece el pago de dietas a los parlamentarios.
“Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”, señala el citado artículo.
Rivas, por su parte, propone agregar la frase “esta disposición no regirá mientras el diputado o senador se encuentre suspendido de sus funciones”, es decir, cuando el congresista está desaforado. Esto, porque a su juicio, “no parece razonable que los chilenos debamos pagar por un trabajo que no se realiza”.
Dicha moción aún se encuentra en el primer trámite en la Cámara de Diputados, o en otras palabras, “duerme” en el Congreso.
El oscuro escenario de Rivas
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, salió a intentar explicar en qué situación queda el ahora condenado parlamentario.
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Según Andrade, “tanto del punto de vista ético como desde el punto de vista legal, creo que no debería seguir percibiendo su dieta. Si una persona no está ejerciendo su rol, no se justifica”.
Asimismo, el presidente de la Corporación apuntó directamente al Artículo 40 del Código Penal, donde se establece que “la suspensión de cargo y oficio público inhabilita para su ejercicio durante el tiempo de la condena”.
Dicho artículo, agrega que “la suspensión decretada por vía de pena, priva de todo sueldo al suspenso mientras ella dure”. Por lo que de aplicarse, Rivas no debería recibir su dieta parlamentaria durante los 180 días de condena, o sea, durante 6 meses.
Pero una vez cumplido el periodo, el diputado puede perfectamente volver a ocupar su escaño y recibir el pago de sus funciones, que alcanzan los 6 millones 600 mil de pesos ($6.657.000).
El plan B
Quedarse sin “sueldo” por 6 meses sería un duro golpe para Rivas, debido a que según la información pública a la que accedimos vía Transparencia, en 2015 informó gastos anuales (de marzo a diciembre) por más de 60 millones de pesos ($63.734.319).
Este año, en tanto, sus gastos contemplan arriendos de oficinas, vehículos, combustible y pasajes, entre otros, superan los 55 millones de pesos ($55.400.044).
Aunque, su eventual ausencia no sería extraña debido a que el diputado por el Distrito 11 de Los Andes y San Felipe, registra sólo un 78,47% de asistencia a las sesiones del hemiciclo.
De todas formas, y tal como lo adelantó el presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, será la Comisión de Régimen Interno la que finalmente determinará si se le paga o no la dieta parlamentaria.
Recordemos que pese a que es abogado de profesión, Rivas no puede ejercer debido a su calidad de congresista de la República.
Consultado por BioBioChile, el desaforado diputado declinó referirse a su situación.
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