El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, solicitó de manera formal el pasado 21 de diciembre, a la presidente de la República, Michelle Bachelet, que derogue la prohibición vigente de exportar baterías fuera de uso.
En el documento, la autoridad económica afirma que “esta Fiscalía ha constatado que la capacidad de procesamiento existente en el país no ha sido capaz de tratar el total de las baterías fuera de uso que se generan”.
“La falta de capacidad de tratamiento se debería a las altas barreras de entrada de baterías además de las exigencias medioambientales y sanitarias exigibles a un proyecto de esta índole, existe una prohibición reglamentaria de exportarlas a terceros países“, agregó.
Felipe Irarrázabal sostiene que esta derogación también es necesaria para “ejercer presión competitiva sobre Recimat“, empresa fundidora de plomo ubicada en Calama que monopoliza el mercado y así “que dicho mercado opere de manera más eficiente”.
Ley nº 20.920
Prosigue la autoridad explicando que “las externalidades negativas que genera la falta de competencia pueden agravarse una vez que entre en plena vigencia la ley n°20.920 sobre responsabilidad expendida del productor”.
Esta norma obliga a los fabricantes e importadores de productos prioritarios (baterías fuera de uso, entre ellos) hacerse cargo de sus productos una vez terminada su vida útil, para cuyos efectos un decreto supremo fijará las metas de recolección y valorización de dichos residuos.
Por lo tanto, el titular de la FNE afirma que “es recomendable que se derogue el referido Decreto Supremo N°2 de 2010 del Ministerio de Salud, y se dicte una nueva regulación que permita efectuar la exportación de estos residuos dando cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes“.
La entidad también añade, en el documento remitido a la presidenta de la República, archivó una investigación por posición dominante en contra de Recimat con la prevención de reabrirla si obtiene nuevos antecedentes.
