Alegando que “las actuaciones de la Fiscalía Centro Norte atentan contra los derechos fundamentales de Julio Ponce Lerou, para ser juzgado en un plazo razonable y gozar de un debido proceso”, su defensa encabezada por el abogado Jorge Bofill arremetió con una cautela de garantías en el caso Cascadas para frenar una nueva arista investigativa respecto del controlador de la Productora de Litio y Yodo, Soquimich S.A. también denominada “caso Cascadas II”.
Así se detalla en un documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío y que fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde se encuentra radicado el caso Cascadas, cuyo plazo máximo de investigación -dos años- termina hoy respecto al único imputado, el exgerente de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, que ahora debe enfrentar acusación por entrega de información falsa al mercado y manipulación bursátil.
En esta causa se pesquisan una serie de operaciones bursátiles presuntamente ficticias e ilegales entre las empresas cascadas que -según la investigación y los querellantes en el caso- habría generado millonarios beneficios para el expresidente de las empresas, Ponce Lerou y otros ejecutivos. Todo en desmedro de accionistas minoritarios entre los que se encuentran Administradoras de Fondos de Pensiones como Habitat y Provida.
La solicitud para la cautela de garantías y derechos ingresada por Bofill es la respuesta a la última diligencia ordenada por el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, que comunicó al tribunal de garantía la separación del caso Cascadas, abriendo una nueva causa contra Ponce y 12 ejecutivos, entre los que figuran Patricio Contesse, Roberto Guzmán Lyon y Leonidas Vial, entre otros.
El abogado querellante Mauricio Daza dijo que la nueva arista, abierta por Montes, permitiría al fin perseguir la responsabilidad penal de Ponce.
A la arremetida judicial del empresario se sumaron las defensas de Contesse, Lyon y Motta, indicando que todo se trata de un “fraude de etiquetas”, ya que bajo otro Rol Único de Causa (RUC), la fiscalía sigue investigando los mismos hechos, más allá del plazo legal establecido.
Recordemos que en esta causa surgieron nuevos antecedentes tras el levantamiento del secreto bancario del controlador de Soquimich. Además podría abrirse una arista de delitos tributarios por una operación de 60 millones de dólares en la venta de acciones de Oro Blanco de 2009.
Montes se refirió a la causa contra Motta, a quien tiene que acusar 10 días después del cierre de la investigación.
La movida de la Fiscalía
A la medianoche de hoy vence el plazo investigativo en el caso Cascadas y pese a que la Fiscalía Centro Norte se alista para presentar acusación en contra del único imputado, en la causa -el ex gerente de Norte Grande y Pampa Calichera, Aldo Motta- se pidió una nueva audiencia de ampliación de indagatoria.
Esta sería la última extensión que puede requerir el Ministerio Público por el cumplimiento del plazo máximo de dos años de pesquisas en esta causa.
Según fuentes de Radio Bío Bío, la movida de la fiscalía apunta a la reformalización de Motta antes de presentar acusación en su contra en enero de 2017.
La audiencia quedó fijada para el 16 de enero donde además también se discutirán las cautelas de garantías presentadas por los investigados en la nueva arista que incluye al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.
Dicha arista denominada “Cascadas II” surgió de la división de investigación solicitada por el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.
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