El Gobierno ingresó con suma urgencia el proyecto de ley misceláneo de Educación, que busca modificar aspectos de implementación de la ley de Inclusión, que termina con el copago y la selección escolar.
Entre sus principales puntos, la iniciativa fija en 6 años el plazo para que todos los colegios puedan adquirir su infraestructura, el cual podría llegar a 10, si es que el sostenedor decide transformarse a sin fines de lucro antes de junio de 2017.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que son seis meses antes de lo que establece como límite la ley.
Desde la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada (Conapas) su presidente José Valdivieso, cuestionó el concepto acuñado por la ministra de Educación y descartó que se necesiten incentivos para que los sostenedores cambien su constitución jurídica.
La iniciativa plantea además la necesidad que la Universidad de O’Higgins pueda, en un plazo de tres años, acreditar sus pedagogías de manera de poder suplir la falta de profesores en materias específicas, como ciencias.
