El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores reconoció diferencias en el organismo y apuntó a una falta de comunicación, ante los argumentos esgrimidos por el G9 y que derivaron en el congelamiento de las relaciones con el Cruch. Desde los planteles privados acusan discriminación en la repartición de recursos.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición para evitar el Tribunal Constitucional, respecto del presupuesto de educación superior, terminó por quebrar la delicada relación que existe en el Consejo de Rectores entre el G9 y las universidades estatales.

Las primeras alegan que los planteles públicos desconocieron el acuerdo del Cruch para restituir los Aportes Fiscales Indirectos, que algunas instituciones privadas perdieron, bregando por obtener mayores recursos para sus universidades.

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Además, criticaron las declaraciones de algunos rectores de planteles estatales sobre el rol público de las instituciones. El presidente del G9, Claudio Elórtegui, lamentó además que no se les haya informado sobre las tratativas que han realizado con el ministerio de Educación para obtener un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, reconoció diferencias en el organismo, pero las atribuyó a una falta de comunicación, negando que las negociaciones que hayan sostenido las estatales buscarán el desmedro de los planteles del G9.

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, calificó de compleja la situación y lamentó que el G9 se restara de la reunión del Comité Ejecutivo del Cruch, instancia en la que a su juicio se debiesen plantear las diferencias. Además, resaltó que los planteles privados buscaron sacar una ventaja en el presupuesto, pero perdieron.

Para el vicepresidente alterno del Cruch y rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, existe más bien una diferencia política más que de colaboración académica en el organismo y reconoció que no han tenido la capacidad para solucionarlas.

Tanto desde las universidades estatales como del G9 reconocen que la posición adoptada por el Gobierno, en el proyecto de Educación Superior y el último presupuesto, ha profundizado las diferencias en el Cruch, donde las instituciones todavía se siguen peleando el rol público y los millonarios recursos económicos que esto implica.