En una extensa votación que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 2:15 de la madrugada de este viernes, y con solo 18 de los 38 senadores en sala, se despachó a tercer trámite la ley de presupuestos para el sector público 2017.
Durante la jornada el Ejecutivo repuso los recursos de aquellas partidas y programas que habían sido rechazados por los diputados -entre ellas Agricultura y Contraloría-, lográndose la aprobación de todas las partidas aunque se rechazaron los recursos para el programa de educación superior y de universidades estatales.
En la partida de Educación, el Ejecutivo repuso y aprobó recursos que habían sido rechazados por los diputados, entre ellos los destinados al programa de educación intercultural bilingüe, de educación de adultos, la Comisión Nacional de e Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt, a los que se adicionó un suplemento de $2.300 millones) y Crédito con Aval del Estado (CAE).
Sobre este último punto, el ministro dijo que los recursos propuestos permiten “tener el espacio para dar los créditos que estimamos se van a demandar”, pero añadió que se está trabajando en nuevo sistema que elimina el CAE y lo sustituye por otro.
También patrocinó una indicación que establece que las instituciones de educación superior que reciban financiamiento público o matriculen alumnos que accedan a becas, créditos o garantía estatal; deberán aportar información sobre su uso a Contraloría.
Mientras que la mayoría de las 29 partidas fueron aprobadas sin contratiempos, el Senado rechazó el programa de fortalecimiento a la educación superior, que contempla la gratuidad y la ampliación de becas.
Este fue un tema que generó conflictos, dado que el Ejecutivo buscó extender la beca Bicentenario a instituciones fuera del Consejo de Rectores, lo que incluiría a planteles privados. De esta manera, evitarían que la oposición recurriera al Tribunal Constitucional acusando discriminación.
El ministro Rodrigo Valdés, comentó que se buscarán los acuerdos necesarios para evitar volver a pasar por la situación de 2015, en que la glosa de gratuidad fue declarada inconstitucional.
“Básicamente todas las partidas están aprobadas y hay algunos programas que se rechazaron, donde lo más importante por lejos son los programas que tienen que ver con educación superior”, comentó el titular de Hacienda.
Detalló que parte de esos rechazos son parte de la búsqueda de acuerdos con todos los sectores para tener “un presupuesto que avance en nuestro programa de gobierno y sea suficientemente robusto para no ser impugnado en el Tribunal Constitucional”.
Esto ya que “hoy día, como está el Presupuesto, no tiene recursos para las universidades estatales en basales ni becas para educación superior”. Enfatizó que lo más importante es que este Presupuesto “da un paso adicional y nos permite llegar a muchos estudiantes vulnerables de centro de formación técnica e institutos profesionales para que estudien gratuitamente; y también una ampliación de becas que estamos estudiando en este momento”.
Así, sostuvo, estos temas y otros “más pequeños de otras partidas, como algunos temas de transportes” deberán ser revisados por una comisión mixta. Agregó que para ello se trabaja en un acuerdo, “pero tenemos aún conversaciones que hacer. Hay muy buena voluntad de muchos, tengo esperanza en que lograremos un buen acuerdo”.
La senadora UDI Ena von Baer, indicó que “una cosa es el financiamiento hacia las instituciones, y otra cosa es el financiamiento a los estudiantes. Creemos que en este último aspecto no puede existir discriminación arbitraria”.
Horas antes, el senador Jaime Quintana había anunciado su voto en contra a la extensión de becas a establecimientos que no pertenecen al Consejo de Rectores.
“Esto que se está pretendiendo hacer de traspasar becas que tradicionalmente han sido becas Cruch, de universidades estatales y de las universidades del G9 a universidades del grupo Laureate, francamente nos parece un contrasentido con la propuesta original de la presidenta Bachelet. Esto es una renuncia. Si el gobierno insiste en esto es una renuncia de la renuncia y en eso no lo vamos a acompañar”, indicó.
La escasez de senadores en la sala en la última etapa de la sesión, llevó a que se rechazaran los dineros destinados a pagar las deudas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, aspecto que podría ser zanjado mediante una ley especial, toda vez que la glosa venía rechazada desde la Cámara de Diputados.
Valdés comentó que sin esta glosa, EFE podría endeudarse pero sin garantías lo que es muy difícil. “No significa mayor deuda, ya que cada garantía que se libera por pagar una deuda se aprovecha en la nueva deuda”, afirmó.
Marco presupuestario
Durante el debate, Valdés precisó que el gasto público en este Presupuesto no se reduce, sino que crece 2,7% que es el mayor gasto en toda la Alianza del Pacífico “que creo son los países más exitosos de la región y con las economías más sanas. En otros estamos viendo recortes de gasto de verdad”.
Recordó que el mayor gasto se concentra en Educación (que aumenta 6,2%), Salud (4,8%) y también en el reajuste de 10% en las pensiones solidarias.
Casi totalidad del alza del Presupuesto se concentra en estos ítems y en seguridad, lo que implica que otras partidas se mantienen o bajan, dijo, pero detalló que durante 2017 se irá monitoreando el avance presupuestario y las necesidades, “para a partir de las provisiones que existen ir redistribuyendo recursos, con las herramientas que la propia ley le da al Ejecutivo”.
La autoridad informó que para financiar el aumento de la deuda pública, se aprobó facultar al Ejecutivo a contraer endeudamiento por US$11.500 millones, de los cuales “aproximadamente US10 mil millones son para cubrir el déficit de caja, US$1 mil millones se incorporan al Fondo de Reserva de Pensiones y S$500 millones son para nuevos créditos con organismos multilaterales, que se firman ahora pero se devengan muy gradualmente en el tiempo”. Entre ellos, citó al túnel binacional Agua Negra con Argentina y un programa de fortalecimiento de la educación superior.