La Fiscalía Oriente utilizó “escuchas telefónicas” para dar con un fraude al Impuesto al Valor Agregado que se habría desplegado en complicidad de un funcionario del SII que -presuntamente- timbraba de forma ilícita facturas.
Este miércoles al mediodía se concretó la detención de un funcionario del SII, Eduardo Inostroza junto al contador Óscar Lobos, en el marco de la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente por un fraude al IVA que llegaría a los 2.700 millones de pesos.
Las pesquisas ordenadas por el fiscal Carlos Gajardo le permitieron establecer, en esta etapa del proceso, que la empresa Promociones y Modelos Ltda., que tiene como socio principal a Eric Toro Bustos, incorporó en la contabilidad de forma reiterada -por siete años- una factura mensual de 100 millones de pesos que le permitían rebajar el IVA.
Es en base a este argumento que actualmente pesa una orden de detención en contra de Toro Bustos por una millonaria evasión.
Además se atribuyó al funcionario público delitos de corrupción como el cohecho y el “uso malicioso de cuño”, o timbraje ilegal, por lo que el tribunal ordenó el arresto domiciliario total en su contra. Medida inferior a la requerida por el Ministerio Público, ya que el juez consideró que su participación en los hechos fue parcial.
El mismo Juzgado contempló una mayor participación del contador en los delitos descritos por la fiscalía entre 2008 hasta 2015, por lo que acogió la necesidad de cautela de prisión preventiva.
El fiscal consideró que los imputados se concertaron para desplegar esta acciones dolosas y que constataron los hechos en base a la incorporación en la indagatoria de interceptaciones telefónicas autorizada por el tribunal de Garantía.
Se detalló en el Juzgado que -tal como esta empresa, Promociones y Modelos, rebajó de forma ilícita el IVA con el uso de estas facturas falsas- ahora la investigación apunta a determinar si existen otros contribuyentes involucrados para lo cual se deben periciar las interceptaciones telefónicas.
El abogado defensor del contador, Rodrigo García, dijo que se le atribuyen hechos a su representado desde 2008, pese a que no tenía contacto en ese período con el co-imputado prófugo. Estudiarán si apelan a la prisión preventiva.
Quien sí confirmó que apelará es la fiscalía, ya que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago para intensificar la precautoria del funcionario público del SII.