Durante este jueves, las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial se sumaron a las protestas por el reajuste al sector público y solicitaron, mediante una carta, una normativa que permita “sustraer” sus remuneraciones del “devenir de la contingencia”.
Tal como lo habían adelantado, jueces, fiscales y defensores se sumaron a las movilzaciones y marcharon hasta el Ministerio de Justicia, lugar en el que entregaron una carta.
En el texto, rechazan el doble intento del Ejecutivo de llevar adelante el 3,2% propuesto, por la “incapacidad del Estado de asegurar un reajuste digno”. A la vez que apoyaron las gestiones de la ANEF y la CUT en la Mesa del Sector Público en las negociaciones con los ministerios de Hacienda y Trabajo.
Asimismo, aseguraron apoyar “la idea de equidad redistributiva que busca mejorar escalonadamente los salarios más bajos del Poder Judicial“, aunque advirtieron que “rechazamos que ello se haga a costa de otros salarios“.
A su vez, sostienen que para “neutralizar los avatares del congelamiento/reducción” es necesario una norma “que permita sustraer a las remuneraciones de los trabajadores del sector judicial del devenir de la contingencia“, y asegura, “a lo menos, la reajustabilidad de los salarios”.
La magistrado Mariela Hernández, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago y presidenta además de la Asociación Nacional de San Miguel, al ser consultada de la inédita determinación de marchar, explicó que en los años 80 y 90 se consiguieron importantes derechos por parte del sector por este medio.
Dijo, además, que la motivación esta dada porque todos los años dependen de la voluntad política, subrayando que todos los años han adherido de alguna forma dependiendo de la magnitud del petitorio.
Por su parte, Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, indicó en entrevista con CNN que el congelamiento de los jueces y profesionales de la administración pública es “inadecuado y peligroso” y explicó los fundamentos de la solicitud de la normativa de exclusión.
“De otra forma estaríamos aceptando que se produzca un control por parte de la administración y la política de un poder que debe ser independiente para ejercer su función. El Estado debe a lo menos garantizar la reajustabilidad de los salarios”, sostuvo.
