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Formalizan a empresario Manuel Cruzat y otros 3 exejecutivos por quiebra fraudulenta
Publicado por: Carolina Reyes La información es de: Lorena Cruzat
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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó firma mensual y arraigo nacional para el empresario Manuel Cruzat, a quien la Fiscalía Oriente le imputó el delito de quiebra fraudulenta respecto del proyecto inmobiliario Curauma.

Tras dos a√Īos de pesquisas, iniciadas por una denuncia del s√≠ndico de quiebras C√©sar Mill√°n, hoy la Fiscal√≠a Oriente formaliz√≥ al empresario Manuel Cruzat y parte de la plana ejecutiva del proyecto inmobiliario Curauma por el delito de ‚Äúquiebra fraudulenta‚ÄĚ.

La Fiscal√≠a estim√≥ que no se proporcionaron todos los antecedentes contables solicitados por el s√≠ndico en el proceso de liquidaci√≥n de Curauma, que seg√ļn querellantes en el caso, estiman un pasivo de 200 millones de d√≥lares, en que figura como principal acreedor la Tesorer√≠a General de la Rep√ļblica, s√≥lo por concepto de impuestos.

Si bien las defensas alegan que se entregaron los balances e información contable, hoy el fiscal de alta complejidad Oriente, Carlos Gajardo, aseguró que las imputaciones se sustancian -en parte- en un informe de un perito de la Universidad de Chile.

En el documento del profesional se indica -dijo Gajardo- ‚Äúque los antecedentes acompa√Īados no cumplen con las caracter√≠sticas para que se consideren como la contabilidad fidedigna de la empresa‚ÄĚ.

La formalización de hoy se concretó pese a que las defensas buscan que el Tribunal Constitucional declare como inaplicables las imputaciones en el caso debido a que se formulan cargos contemplados en la antigua ley de quiebras.

Si bien el Tribunal Constitucional no frenó la formalización sigue conociendo del requerimiento de las defensas.

Gajardo explicó que siguen vigentes los delitos que se imputaron en base a la antigua Ley de Quiebras.

El persecutor dijo que las penas asociadas a los delitos imputados hoy parten en los 541 días.

Esta prognosis de pena sustancia las bajas cautelares de firma mensual y arraigo nacional ordenadas en contra de los imputados y -que a juicio de la defensa de Cruzat, la abogada Catherine Latrhop- son equiparables a un hurto simple.

Latrhop además dijo que la contabilidad siempre estuvo disponible para el síndico incluso en diferentes formatos.

Junto con las cautelares, el Tribunal ordenó 80 días para el desarrollo de la invetigación.

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