Por ahora, la Fiscalía Centro Norte descarta que Rafael Garay, economista buscado por estafa y apropiación indebida, enfrente el delito de infracción a la Ley General de Bancos.

Según fuentes de Radio Bío Bío, el ingeniero comercial prófugo de la justicia no captaba a través de su empresa Think & CO dineros de terceros en base a préstamos y contratos de mutuo, como sucedería en los casos de estafas piramidales, sino que ofrecía la administración de fondos por medio de contratos de honorarios.

Este antecedentes adquiere importancia, ya que si se logra que Garay sea juzgado en Chile, accedería a una pena más baja que la que enfrentan otras personas encausadas por casos piramidales, donde sí se considera la infracción a la Ley General de Bancos y el lavado de activos.

Hasta el momento el Ministerio Público, con los antecedentes que maneja, estableció que Garay y su empresa no irrumpieron en el giro bancario ni tampoco se violó el artículo 39 de la Ley General de Bancos.

Se ha determinado en lo que va de la investigación al menos 38 víctimas de la presunta estafa, quienes están entregando declaraciones ante la Policía de Investigaciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas, que confirmaron la reaparición de Garay tras contactar a estudios de abogados para su representación, es muy importante que no se considere el delito de infracción a la Ley General de Bancos, ya que se comienza a sacar los cálculos de la pena que podría enfrentar Garay en Chile en el caso de que se quiera poner a disposición de la justicia.

Según explicó el abogado Juan Carlos Manríquez, solo la estafa en el monto estudiado -900 millones de pesos- tiene características de simple delito, es decir, con penas que parten en los 3 años y un día de cárcel.

“Si esa persona necesita cinco años para que el delito prescriba en Chile, estando en el extranjero requiere 10 años. Igualmente, la suma queda dentro del rango de presidio menor en su grado máximo”, manifestó el abogado.

Este escenario puede agravarse si se considera la reiteración, algo que ya tienen en cuenta los dos estudios de abogados consultados por Garay en las últimas 48 horas. En este caso, se establecería un delito de estafa por cada una de las 38 víctimas, lo que coloca a los ilícitos en un rango de crimen y podría enfrentar penas que parten en los 5 años y un día de presidio.

Con ello, se estudia la posibilidad de que el economista enfrente a la justicia en Chile debido a que solo se consideraría en en su contra los delitos de estafa y apropiación indebida.