En mayo la cancillería recibió el requerimiento de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España para que se investigue a Endesa.
En junio del año pasado, hace 15 meses, el Servicio de Impuestos Internos sabía de las irregularidades, pues la compañía rectificó pagos por 276 millones de pesos a personeros y sociedades ligadas a campañas políticas, entre ellos Giorgio Martelli, el recaudador del oficialismo.
El diario La Tercera tuvo acceso a este documento internacional, promovido por la controladora de la empresa nacional, ENEL, que pidió antecedentes.
Endesa habría donado 3,5 millones de dólares a algunos políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, “para obtener determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume” dice el documento.
Solo gracias a este “aviso internacional”, se resolvió designar a la jefa de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a cargo de la investigación.
Estos antecedentes estaban en manos del entonces fiscal nacional Sabas Chahuán y ahora del fiscal Pablo Gómez quien investiga el denominado caso Soquimich. Sin embargo, ante la ausencia de querella por parte del SII, está arista quedó paralizada hasta ahora, que se investigará cohecho.
Consultado por la demora, porque una vez más se reacciona por petitorio de autoridades extranjeras, el fiscal nacional, Jorge Abott se amparó en el nuevo artículo 64.
Mauricio Daza, abogado querellante en SQM y Penta pidió que se investigue a todas las empresas que han reconocido pagos a políticos.
Otro querellante en estas causas, el abogado Matías Ramírez, criticó la tardanza del Ministerio Público y también culpó al SII de la impunidad a favor de varias empresas.
Entre los pagos rectificados por Endesa el año pasado, cancelados entre el 2012 y 2015, además de Martelli, aparecen los nombres del exsenador de RN Ignacio Pérez Walker y el abogado y yerno de Eduardo Frei y exrecaudador de su campaña presidencial, Pedro Yaconi.
Chong ordenó a funcionarios de la Brigada de Delitos de Funcionarios (Bridef) de la PDI que fueran a las dependencias de Endesa a requerir la entrega voluntaria de una serie de antecedentes de la empresa.
Entre ellos, se pidió la contabilidad de la firma desde el año comercial 2009 en adelante e incautar los correos electrónicos de altos ejecutivos.
A la PDI se le requirió, además, incautar las rectificaciones presentadas por Endesa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), desde 2009 a la fecha y tomar declaraciones a testigos.
