En el caso de la fallida licitación del litio, otorgada a SQM en 2012, durante la mañana de este martes se realizará en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia en que se discutirá la suspensión condicional del procedimiento para la imputada Jimena Bronfman. De no concretarse la salida alternativa, la defensa pedirá el cierre de la investigación.

A partir de las 10:00 horas de hoy se definirá el futuro de la investigación en el denominado Caso Litio, que busca establecer delitos en la licitación del mineral que en 2012 favoreció a la minera no metálica Soquimich.

A la mujer, única imputada en la causa, se le atribuye su participación dolosa en las irregularidades que se habrían desplegado al interior del Ministerio de Minería que otorgó la extracción de 100 mil toneladas de litio -por 20 años- a SQM, pese a que no cumplían con los requisitos del concurso.

Se cuestiona que el Comité Especial de Licitación, que presidía el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, acreditara que la empresa de Julio Ponce Lerou cumplía con los requisitos del concurso omitiendo los litigios con el Estado que los dejaba fuera de competencia.

Específicamente Bronfan, en su calidad de jefa de la División Jurídica del Estado, firmó el acta que acreditaba que la declaración jurada de la empresa estaba en regla, a pesar de las demandas que mantenía contra el Estado.

El abogado de la imputada, Mario Vargas, sostiene que los actos de Bronfman no son delitos y que ella solo firmó el acta respecto a una condición de la compañía que todos conocían en el Comité.

Vargas dijo que si no se concreta hoy la salida alternativa pedirán el cierre de la investigación.

Si el tribunal autoriza o no hoy la extensión de la investigación en el Caso Litio no impedirá que los perseguidores, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, continúen con las pesquisas en otra causa aparte, desagrupada, contra Wagner que no ha sido formalizado.

Tanto en el Caso Penta como en el Caso Litio los fiscales investigan al exsubsecretario de Minería por cohecho, ya que existe una reciente querella por corrupción presentada por la fundación Desierto de Atacama.

El abogado querellante Pedro Orthusteguy dijo que existen los méritos suficientes para que continúen las pesquisas por cohecho reiterado contra la ex autoridad de Gobierno.

De seguir la investigación por cohecho reiterado, los querellantes pidieron una multiplicidad de diligencias que incluye la toma de declaración del controlador indirecto del Soquimich, Julio Ponce Lerou.