Entre las primeras preocupaciones de la mesa directiva del recientemente constituido Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile está la relacionada a la situación del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar Alonso, quien fuera detenido en la isla de Margarita al norte de Venezuela en medio de una protesta al golpe de olla que hizo correr al presidente Nicolás Maduro, quien en su huida habría golpeado a la señora Eudys Marcano, según denuncia del alcalde opositor de la capital isleña Richard Fermín.
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La noche del 3 de septiembre el presidente venezolano Nicolás Maduro tenía previsto una transmisión en cadena desde la ciudad de Margarita, donde se encontró con un grupo de personas que al golpe de olla gritaban consignas contra el mandatario y hacían referencia a la crisis del país.
En medio del escape, Maduro habría golpeado a una señora y ordenaría la detención de varias personas, entre ellas la del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar Alonso. Esa misma noche el grupo apresado fue liberado, todos menos Jatar, lo que ha encendido las alarmas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y varios han sido los dichos entre su par venezolano.
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En este sentido, el gremio de periodistas de Chile salió al paso a 10 días de la detención del abogado y profesional de la comunicación, Braulio Jatar, y quien fuera traslado ayer de donde se mantenía detenido, lo que dejó sin información concreta sobre su paradero durante algunas horas, ante lo cual el Estado manifestó su reclamo.
“Como orden profesional que agrupa a los periodistas chilenos, siempre nos implicará preocupación la detención de quien ejerce en el rol de la comunicaciones, por ello en este caso nos preocupa que un proceso judicial iniciado por motivos distintos, pueda lesionar el derecho a informar“, indicaron desde la mesa directiva del Colegio de Periodistas.
De esta manera, el gremio periodístico expresó su interés en que el profesional, quien es director del periódico digital Reporte Confidencial, cuente con todas las garantías procedimentales que contempla la República Bolivariana de Venezuela y todas las que se establecen en los convenios internacionales de derechos humanos.
En la misma línea, los dirigentes, aseguraron dar seguimiento al desarrollo del proceso judicial.
