Un interrogatorio, que se prolongará por al menos dos días, es el que deberá enfrentar Natalia Compagnon en la fiscalía de Rancagua.
Tiene que aclarar si su sociedad pagó sobornos a funcionarios públicos y si hubo tráfico de influencias a favor de una de las empresas de Andrónico Luksic, entre otros hechos.
En el ámbito civil, la justicia dejó abierta la posibilidad de dictar el embargo de bienes y cuentas bancarias de Caval.
Sus vínculos con las coimas pagadas presuntamente por su socio Mauricio Valero a un jefe de servicio del ministerio de Salud para favorecer a la empresa Saydex, la asesorías aparentemente fraudulentas al empresario Gonzalo Vial y supuestos negocios con Andrónico Luksic para solucionar los permisos del edificio CCU en Quilicura, son algunos de los temas del interrogatorio que deberá enfrentar la nuera de la presidenta Michelle Bachelet.
Sin embargo, también debe prestar declaración como víctima, ante la denuncia de prevaricación presentada contra sus exabogados defensores, acusados de favorecer intereses de la Moneda en esta investigación.
Compagnon estaba citada para el martes pasado. Sin embargo, por problemas de agenda del abogado defensor, Antonio Garafulic, la diligencia se suspendió y se espera fijar una nueva fecha, la que sería para después de fiestas patrias.
En conversación con Radio Bío Bío, el fiscal que investiga los hechos, Sergio Moya, confirmó que la diligencia será extensa.
El abogado querellante Mario Zumelzu destacó que una de las aristas que deberá aclarar la nuera de la presidenta es si sus asesorías a CCU fueron a cambio del crédito que obtuvo Caval en el Banco de Chile.
Otro de los querellantes, el abogado Eduardo Riquelme, mencionó que tras el informe de la Contraloría General de la República concluye que hubo entrega de información privilegiada a Caval, Compagnon sea formalizada por soborno.
Radio Bío Bío intentó hablar con el abogado de Compagnon, Antonio Garfulic, pero se excusó, aduciendo que deben fijar aún la fecha de los interrogatorios.
En tanto, el 16º Juzgado Civil de Santiago falló a favor del gestor inmobiliario Juan Díaz en el juicio Caval para cobrar 812 millones de pesos que se le adeudan por la prestación de sus servicios en la venta de los tres predios de 44 hectáreas en Machalí.
Su abogado, Carlos Astorga, interpuso una gestión preparatoria, la defensa de Caval alegó que los cheques estaban adulterados, situación que fue descartada por el tribunal.
El profesional, ante un eventual rechazo de la apelación de su contraparte, podría pedir el embargo de bienes de la empresa de Compagnon y Valero.
El protesto sería por falta de fondos de dos cheques de la cuenta corriente del Banco de Chile, serie 2013AA N° 49272222 por $282 millones, y serie 2013AA N° 4927223, por $530 millones.
