Este lunes, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en la ceremonia de entrada en vigencia de la Ley Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, en la que destacó el endurecimiento de las sanciones para quienes transgreden la norma.
En un año marcado por casos de corrupción y financiamiento irregular de la política, la nueva normativa, que entró en vigencia el 2 de septiembre, aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses.
Para concretar este trámite, los funcionarios deberán completar un formulario en tres diferentes momentos. Éstos son, dentro de los 30 días siguientes de asumir el cargo, e igual plazo para una vez que concluya sus funciones, además de una vez de forma anual en marzo de cada año.
Quienes no lo hagan o entreguen información incompleta e inexacta, arriesgan sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo, lo que no estaba sancionado en la normativa que operaba anteriormente.
Con esta ley, los funcionarios que tengan un patrimonio en acciones o valores sobre 25.000 UF, deberán delegar su administración a un tercero. Además, en caso de que altas autoridades tengan participación o posean empresas que provean servicios al Estado, tendrán que acogerse a un “mandato especial de cartera de valores”, figura también conocida como fideicomiso ciego.
