El Servicio de Información Financiera Integral del Ejército cifró en $5.483.709.087 las pérdidas por el fraude que afectó a la institución por sobreprecios con cinco proveedores, dentro del caso conocido como “Milicogate” por el uso delictual de fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Este informe, publicado en exclusiva por Radio Bío Bío y BioBioChile, es parte del sumario realizado al interior del Ejército y concluye solo con la baja del coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército y exmiembro de la Contraloría de esta institución que se encuentra detenido y procesado por la justicia militar.
Además, se aplica el retiro a seis suboficiales y cabos -varios de ellos procesados- en el resultado del sumario interno.
Quienes pasan a retiro son: Juan Carlos Cruz Valverde, Millaray Simunovic, Miguel Escobar, Claudio González Luis Meléndez Carrillo y Liliana Villagrán.
En tanto, solo se aplican amonestaciones para siete oficiales y se deja sin sanción a los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana, porque se acogieron a retiro antes que se conociera el resultado de la investigación.
El abogado querellante Cristián Cruz calificó de grave el resultado del sumario, teniendo en cuenta que no se tocó a ningún general o alto mando de la institución las conclusiones de la investigación administrativa interna del Ejército.
“Esto es muy grave lo que aquí ha acaecido y el Ejército ha decidido cortar por lo más delgado del hilo y, por lo tanto, dar una muestra, dar una señal a toda la institución que no deben entregar antecedentes que incriminen a los altos mandos en estos ilícitos constantes en el Ejército de Chile, que han significado la defraudación al patrimonio fiscal”, afirmó el abogado.
Esta cifra, superior a los 5.000 millones de pesos, solo abarca al fraude respecto a cinco proveedores y aún no se ha informado respecto a los grandes proveedores del Ejército que, según Cristián Cruz, tienen vínculos muy cercanos al alto mando y ex autoridades de la institución.
Este caso, en la justicia militar lo lleva el ministro de la Corte Marcial Omar Astudillo, mientras que en la justicia ordinaria dirige la indagatoria la lleva la fiscal Ximena Chong, quien ha formalizado a los proveedores del Ejército involucrados.
