Tras una mediación colectiva del Servicio Nacional al Consumidor (SERNAC), las empresas de telecomunicaciones VTR y Telefónica del Sur se comprometieron a cambiar en forma gratuita los decodificadores sin certificación que fueron instalados en los hogares de los consumidores.
En el caso de VTR, se trata de un universo de 700 mil unidades, mientras que en el caso de Telefónica del Sur son 208 mil equipos que deberán cambiar a solicitud de los consumidores, que además, serán compensados con un plan que incluye un servicio premium gratuito por un mes, y costo de reclamo de 0,15 UTM a quienes denunciaron ante el Sernac.
Para acceder al cambio del equipo, los consumidores deberán realizar la petición llamando a la compañía a través del teléfono dispuesto para ello, reemplazo que no tendrá costo para el usuario y tampoco está obligado a realizar, así lo indica el ente gubernamental en un comunicado.
Esta medida se originó en marzo pasado luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) determinara, tras un proceso de fiscalización, que ambas compañías habían comercializado decodificadores de TV sin contar con sus respectivos certificados de aprobación exigidos por la normativa y que deben ser emitidos por un organismo de certificación nacional autorizado.
En el caso de VTR, la SEC indicó que la empresa incorporó más de 700.000 unidades de decodificadores sin certificado, es decir, sin conocer el estándar de seguridad de los productos. En el caso de Telefónica del Sur, se trata de 208.042 unidades.
Además del cambio de los decodificadores sin certificación, la empresa VTR se comprometió a tomar una serie de medidas de seguridad para mitigar cualquier riesgo, entre ellas, testeos anticipados de los modelos de decodificadores cuestionados, efectuar un plan de evaluación muestral a lotes de todos los modelos de decodificadores sin certificación nacional en conjunto con la SEC, entre otras.
El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, valoró los resultados conseguidos en estas mediaciones colectivas, pues permiten resolver de manera rápida y oportuna un problema que afectó a miles de consumidores a lo largo de todo el país.
Agregó que las compañías deben resguardar el derecho a la seguridad de los consumidores, lo que implica, en este tipo de servicios, cumplir con los estándares mínimos definidos por la legislación chilena, como la certificación de sus equipos en este caso.
Muñoz añadió que espera que se apruebe pronto en el Congreso el proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores, pues entre otros beneficios, establece la obligación de las empresas de responder los reclamos y generar instancias de resolución, tales como la conciliación y las mediaciones colectivas, junto con establecer los incentivos adecuados para prevenir y sancionar los abusos.
