El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó condenas contra siete miembros del Ejército en retiro en el marco de la investigación de desapariciones y muertes en el campamento Pisagua.
La indagatoria se inició a mediados de 1990, luego que se encontrara en el desierto de Atacama una fosa con los restos de tres personas, inhumadas ilegalmente.
Los siete uniformados recibieron penas por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Miguel Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, y de homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa, prisioneros políticos que estuvieron en el centro de detención.
En el fallo, el ministro de fuero condenó a Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a penas de presidio perpetuo, en calidad de autores de tres delitos de secuestros calificados y ocho homicidios calificados.
En tanto, Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi.
Cierra la lista Miguel Aguirre Álvarez, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados a partir del 29 de septiembre de 1973.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar por concepto de daño moral la suma total de $510.000.000 a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas.
