El Ministerio Público incautó computadores desde las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename) en distintos puntos del país, en el marco de la investigación por las muertes al interior de recintos a cargo del organismo.
La diligencia fue instruida por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en el marco de la indagatoria por la muerte de 185 menores de recintos dependientes del Sename entre 2005 y 2016.
En todo el país se han replicado diligencias de este tipo, particularmente en las direcciones regionales, apuntando a esclarecer las responsabilidades por los fallecimientos. De este modo, se han desarrollado incautaciones en Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia y Coyhaique, entre otros lugares.
La incautación fue realizada por personal de la Policía de Investigaciones, dando cumplimiento a la investigación que ordenó el fiscal nacional Jorge Abbott.
Sename: “Estamos colaborando”
A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Menores aseguró que se encuentra colaborando y facilitando las diligencias, tanto de la entrega voluntaria de computadores como de la documentación que solicita el organismo persecutor.
“Hoy hemos recibido la visita del fiscal regional Marcos Emilfork, donde nos informó el inicio de las primeras diligencias que se realizarán a nivel nacional. El servicio está trabajando en un marco de transparencia, y frente a todos sus requerimientos estamos colaborando”, indicó la directora del servicio, Solange Huerta.
Funcionarios critican diligencia
La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename (Afuse), Alicia del Basto, rechazó el modo en el que se desarrolló la diligencia este miércoles.
“Nos parece sumamente grave que de Arica a Punta Arenas hoy hayan invadido las direcciones regionales sacando los computadores de los profesionales que ahí trabajan y de los encargados de personal”, indicó la dirigente, manifestando que “hoy han paralizado el servicio” producto de esta acción.
Calificó como “sumamente grave” la diligencia y aseguró que “los funcionarios se sienten maltratados, creen que somos delincuentes”.
