El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció que el Gobierno optó por ingresar un veto a la reforma laboral, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación.
Díaz fustigó a la oposición para no tener la voluntad política de sumarse a una iniciativa aprobada ampliamente por el parlamento, lo que impide cumplir con el quórum de 2/3 que permitiría realizar un cambio constitucional para aprobar las materias impedidas por el TC.
Según señala la declaración del Gobierno, con la decisión se busca impedir una precarización de las relaciones laborales. En esa línea, el veto se aplica a aquellas normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, horas extraordinarias y jornadas pasivas; así como a la introducción de un nuevo quórum para negociar.
“Ratificamos que en opinión del Gobierno, para la negociación de este tipo de pactos, la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa”, declaró el vocero.
La decisión de optar por el veto presidencial fue tomada tras un comité político convocado por el nuevo ministro del Interior, Mario Fernández, quien estableció un plazo de 72 horas para determinar los pasos a seguir ante el fallo adverso del TC.
El vocero rescató que pese a que no se podrá implementar la reforma pretendida por el Ejecutivo, los trabajadores podrán contar con “huelga efectiva, piso para la negociación, mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con una extensión pactada de beneficios”.
