El Gobierno de Canadá aprobó este martes las obras para extender el oleoducto Trans Mountain hacia la costa occidental del país, una decisión deseada por la industria petrolera pero muy criticada por los ecologistas.
El anuncio se esperaba desde que el ejecutivo nacionalizó ese oleoducto el año pasado pagando 4.400 millones de dólares canadienses, unos 3.300 millones de dólares estadounidenses.
“Hoy anuncio que nuestro Gobierno aprobó el proyecto de expansión de Trans Mountain”, declaró el primer ministro liberal Justin Trudeau, que precisó que las obras de construcción empezarían este verano boreal.
El proyecto busca triplicar la capacidad del oleoducto inaugurado en 1953 para transportar 890.000 barriles de petróleo diarios por un recorrido de 1.150 km entre la provincia de Alberta, que tiene las terceras reservas mundiales de oro negro, y las afueras de Vancouver, desde donde se exportará el crudo hacia Asia.
Trudeau justificó su decisión alegando que la exportación de petróleo hacia Asia permitirá reducir la dependencia de Canadá respecto al mercado estadounidense y que el transporte de crudo por oleoductos era mucho más seguro que por ferrocarril.
El anuncio se dio envuelto en una polémica, pues un día antes la Cámara de los Comunes de Canadá había aprobado una moción para declarar al país en emergencia climática, por lo que la decisión del gobierno no estuvo exenta de críticas.
“La aprobación del proyecto por parte del Gobierno de Trudeau, luego de haber declarado que estamos en estado de emergencia climática, es igual de lógica que tratar de apagar un incendio con un lanzallamas”, expresó Patrick Bonin, vocero canadiense de Greenpeace a Radio-Canadá, consigno diario El País de España.
El Gobierno de Trudeau había autorizado en 2016 la compañía estadounidense Kinder Morgan a extender el oleoducto, antes de decidir nacionalizarlo.
Pero la provincia de Columbia Británica, dónde el petróleo iba a cargarse en buques cisterna, llevó el caso ante la justicia, apoyada por una coalición de ecologistas y comunidades autóctonas.
La justicia dio la razón a los opositores al proyecto en agosto al considerar que no se habían estudiados las consecuencias medioambientales de la obra.
Ottawa pidió entonces al regulador del sector que se reuniera con las poblaciones afectadas, entre ellas grupos de amerindios.
Las obras de extensión, que se valoraron en 7.400 millones de dólares en 2015, comenzarán en las próximas semanas, antes de las elecciones legislativas de octubre.
