Un exasesor de confianza del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lo defendió el miércoles en el Parlamento de las acusaciones de injerencia en el enjuiciamiento de un gigante corporativo que ha sumido al líder en su peor crisis desde que asumió el cargo.
El escándalo se centra en las denuncias de que el círculo cercano de Trudeau intervino para proteger al gigante canadiense de ingeniería SNC-Lavalin de un juicio por soborno.
El gobierno liberal de Trudeau se ha visto sacudido por el creciente escándalo, que ha desatado la renuncia de dos ministros de su gabinete y ha empañado la imagen del primer ministro.
Gerry Butts, uno de los impulsores de la victoria de Trudeau y amigo personal del político, renunció a su puesto de secretario principal el mes pasado, asegurando que no quería convertirse en una distracción mientras el gobierno se prepara para unas duras elecciones generales, que se llevarán a cabo en ocho meses.
La oficina de Trudeau dijo que el primer ministro abordaría el tema en una conferencia de prensa en Ottawa a las 08:00 horas locales, 10:00 en Chile.
Al testificar ante el comité de justicia de la Cámara de los Comunes, Butts rechazó las acusaciones realizadas por la exfiscal general Jody Wilson-Raybould, cuya abrupta renuncia el mes pasado desató la crisis.
“Estoy firmemente convencido de que aquí no sucedió nada más allá de las operaciones normales del gobierno”, dijo Butts.
Danza de millones
La firma, con sede en Montreal, su rama internacional y otra subsidiaria enfrentan cargos de corrupción por supuestos pagos de 47 millones de dólares canadienses (36 millones de dólares) en sobornos entre 2001 y 2011 para asegurar contratos del gobierno libio de Muamar al Gadafi.
SNC-Lavalin presionó abiertamente al gobierno canadiense para llegar a un acuerdo extrajudicial, que significaría pagar una multa y aceptar las condiciones de un trato.
La condena, argumentó la compañía, arriesgaría una paralización de su negocio y dejaría a miles de personas sin trabajo. Wilson-Raybould se negó a pedir a los fiscales que llegaran a un acuerdo y se espera que el juicio continúe.
Desde que dejó el cargo dijo que experimentó una “constante y sostenida presión” del círculo íntimo de Trudeau para interferir en el caso, incluyendo “amenazas encubiertas”.
Trudeau niega las acusaciones y dice que le dejó claro a Wilson-Raybould que cualquier decisión sobre el caso dependería solo de ella.
“Todo lo que le pedimos al fiscal general fue que considerara una segunda opinión. Cuando hay 9.000 puestos de trabajo en juego, es un problema de política pública”, dijo Butts.
“Señal de alarma”
Según una nueva encuesta publicada el martes, el apoyo al primer ministro y su partido cayó por primera vez detrás del Partido Conservador.
El sondeo se reveló un día después de que la ministra de presupuesto de Canadá, Jane Philpott, se convirtiera en el segundo miembro del gabinete de Trudeau en renunciar.
El comité de Justicia y el comisionado de ética independiente abrieron dos investigaciones, mientras líderes de la oposición piden la renuncia de Trudeau.
Según otra encuesta reciente, la moción cuenta con el apoyo de la mitad de los canadienses.
En un testimonio ante el comité, Wilson-Raybould nombró a 11 funcionarios del gobierno, entre ellos Butts, asegurando que le instaron “a tomar en cuenta las consideraciones político partidarias, lo cual fue claramente impropio”.
Ella dice que continuaron “acosándola” de septiembre a diciembre después de que hiciera pública su decisión de no ofrecerle un trato a SNC-Lavalin. Esa presión no era ilegal, asegura, pero fue una “señal de alarma”.
Butts dijo que hubo un total de diez reuniones y diez llamadas sobre el tema, incluyendo sólo una discusión cara a cara en diciembre entre él y Wilson-Raybound.
También rechazó la afirmación de Wilson-Raybould, la primera fiscal general indígena y ministra de Justicia, de que fue trasladada a una nueva cartera por su negativa a tomar medidas en el caso.
