El gobierno de España declaró este viernes ‘persona non grata’ al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, al día siguiente de que Caracas hiciera lo mismo con el embajador español, anunció el portavoz del ejecutivo.
“El gobierno responde de forma proporcional, y por ello ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España”, afirmó el portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
Los dos países atraviesan una grave crisis diplomática, después de que la UE impusiera esta semana sanciones a siete altos funcionarios venezolanos.
Venezuela declaró el jueves como “persona no grata” al embajador de España en Caracas, Jesús Silva, por considerar que su país comete “continuas agresiones” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Venezuela hace del conocimiento de la comunidad internacional que ha decidido declarar persona no grata al embajador del Reino de España en Venezuela (…) en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país”, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano.
El Gobierno de Maduro rechazó que el presidente español, Mariano Rajoy, respaldara las sanciones de la Unión Europea contra siete funcionarios venezolanos, a quienes acusa de violaciones de los derechos humanos o de “menoscabar la democracia”.
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Venezuela acusa a Rajoy de haber “recibido instrucciones” del Gobierno de EEUU para impulsar las sanciones, que prohíben a los funcionarios (entre ellos al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena) viajar a la Unión Europea.
Según la cancillería de Venezuela, Rajoy se comprometió a “asumir el liderazgo de la conspiración en Europa, con el fin de concertar ataques a la soberanía e independencia del pueblo venezolano con sus socios europeos, a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos”.
El miércoles, Venezuela llamó a consultas a su embajador en España, Mario Isea, tras las sanciones de la Unión Europea, que también afectan al ministro de Interior, Néstor Reverol, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.
