El caso de una joven saudita que Tailandia renunció a expulsar frente a la movilización en las redes sociales será estudiado rápidamente por la Agencia de la ONU para los Refugiados, mientras Australia anunció que se plantea acogerla.
“Estudiar su caso y determinar las próximas etapas podría tomar varios días”, indicó en un comunicado Giuseppe de Vicentiis, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Tailandia.
“Estamos muy agradecidos a las autoridades tailandesas, que no la enviaron a su país contra su voluntad”, agregó.
Rahaf Mohammed Al Qunun, de 18 años, se encontraba de vacaciones en Kuwait con su familia cuando se fugó, y aterrizó este fin de semana en el aeropuerto de Bangkok. Quería llegar a Australia, donde esperaba presentar una solicitud de asilo.
Canberra aseguró el martes por su parte que “evaluará cuidadosamente” la demanda de asilo de la joven saudita.
“El gobierno australiano está contento que la solicitud de protección de la señora Rahaf Mohammed Al Qunun sea evaluada” por ACNUR, declaró a la AFP un portavoz del ministerio de Interior. “Cualquier demanda de visado humanitario por parte de la señora Al Qunun será considerada cuidadosamente cuando el proceso de ACNUR haya concluido”, añadió.
Detenida al pisar territorio tailandés, Rahaf Mohammed Al Qunun aseguró que responsables sauditas y kuwaitíes le confiscaron el pasaporte, algo que la embajada de Arabia Saudita negó.
La saudita, que estaba pendiente de expulsión, se había atrincherado el lunes en su habitación de hotel, y publicó numerosos mensaje en Twitter asegurando que había recibido amenazas de su familia y que temía por su vida si regresaba a su país.
¿Un caso de familia?
“No se trata de un caso político o internacional… Es un caso de familia”, dijo el jefe de la policía de migración tailandesa, Surachate Hakparn, tras una reunión en la embajada de Arabia Saudita sobre este tema, en un intento de minimizar la polémica.
“Esto tiene que solucionarse en familia”, insistió.
El padre y un hermano de la chica llegaron a Bangkok para hablar con ella.
El caso adquirió una dimensión particular después del asesinato, en octubre, del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Turquía.
Rápidamente, se publicó en internet una petición contra la expulsión de la joven. Frente a la fuerte presión internacional y en redes sociales, Tailandia decidió no expulsarla y autorizó a ACNUR a encargarse del caso.
“Ustedes son el verdadero poder”, dijo el martes la joven a los internautas en Twitter, después de que consiguiera focalizar la atención internacional en su caso, en un país donde cientos de solicitantes de asilo tienen que esperar, a veces años, en los centros de detención.
Cada mes, entre 50 y 100 personas ven rechazada su solicitud de visado cuando llegan a Tailandia, según los servicios de migración tailandeses.
“Pero el caso de Rahaf es excepcional”, precisó el responsable de los servicios, sin explicar por qué era diferente.
Según el principio internacional de no devolución, los solicitantes de asilo no pueden ser expulsados a su país de origen si su vida corre peligro.
Pero Tailandia no firmó una convención de Naciones Unidas sobre los refugiados y los solicitantes de asilo son generalmente expulsados o esperan años antes de ser enviados a países terceros, eventualmente.
