El Tribunal Supremo español confirmó este lunes la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, una decisión que conllevará su cese del cargo y la apertura de una crisis política en esta región en plena pandemia.

El dirigente catalán, en el cargo desde mayo de 2018, había recurrido a este alto tribunal tras haber sido condenado en primera instancia en Barcelona a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno como había ordenado la Junta Electoral.

Tras estudiar el caso el pasado 17 de septiembre, el Supremo “ratifica que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones”, indicó el tribunal en un comunicado.

Si bien su sentencia es firme, su aplicación efectiva se puede demorar unos días por trámites administrativos.

Cuando se ejecute, Cataluña se quedará con un gobierno interino con competencias limitadas dirigido por su actual vicepresidente y se abrirá un periodo de algo más de dos meses para escoger un nuevo dirigente o convocar elecciones regionales.

Año y medio en la mira

El origen de la inhabilitación de Torra se remonta a marzo de 2019, cuando la Junta Electoral le ordenó quitar una pancarta de la sede del gobierno regional donde reclamaba la libertad para los dirigentes separatistas encarcelados por la tentativa separatista de 2017.

Alegando defender su libertad de expresión, el dirigente ignoró en dos ocasiones el plazo otorgado para cumplir la orden, aunque finalmente lo hizo a regañadientes. “Sí, desobedecí”, admitió abiertamente durante el primer juicio celebrado a finales de 2019 en un tribunal de Barcelona.

Esta sentencia puede repercutir en el gobierno de izquierdas español de Pedro Sánchez, que busca el apoyo de los separatistas para los presupuestos de 2021, donde deberían incluir las millonarias ayudas europeas para reactivar la economía tras la pandemia.

También puede encender los ánimos en Cataluña, donde la condena a cárcel hace un año contra nueve dirigentes por el fallido intento de secesión de 2017 provocó cinco días de fuertes protestas y violentos disturbios en Barcelona.

Justo después de oficializarse la inhabilitación, varias entidades separatistas convocaron manifestaciones en varias localidades de esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.