Nuevo escollo en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español: la justicia europea dio este jueves la razón al encarcelado líder de ERC, el partido separatista catalán del que depende el arranque de la legislatura y que ahora pide su libertad.

Tras su victoria en las legislativas del 10 de noviembre, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está negociando el apoyo de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez. Una investidura que según los cálculos más optimistas del PSOE debería tener lugar de aquí a fin de año, aunque la situación apunta más bien a enero.

Los contactos se encontraron con un obstáculo de talla este jueves, en torno al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado en octubre a 13 años de cárcel por sedición y malversación por su papel en el intento fallido de secesión de 2017.

En un revés a la justicia española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que Junqueras gozaba de inmunidad en tanto que eurodiputado electo en los comicios europeos del 26 de mayo pasado.

La corte, con sede en Luxemburgo, destacó que las autoridades judiciales españolas deberían haber liberado a Junqueras -por entonces en prisión preventiva- para asumir su escaño de eurodiputado, y solicitar luego a la Eurocámara el levantamiento de la inmunidad, para devolverlo a la cárcel.

Una gestión que la justicia española no quiso hacer en su momento.

Rápidamente, los dirigentes de ERC exigieron que las autoridades españolas pongan en libertad a Junqueras, encarcelado desde noviembre de 2017, en una interpretación maximalista del fallo del TJUE, que no especifica qué debe hacer ahora la justicia española.

Incluso congelaron los contactos para la investidura de Sánchez, que pasa indispensablemente por el apoyo de ERC.

“No vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa” sobre la decisión del TJUE, dijo la portavoz republicana, Marta Vilalta, al día siguiente de advertir que “el acuerdo aún está lejos” con los socialistas.

En un comunicado, el gobierno en funciones de Sánchez trasladó la responsabilidad de cómo cumplir la sentencia al Tribunal Supremo, que había condenado a Junqueras, y se ratificó en abrir “una nueva etapa de diálogo” para solucionar la crisis catalana.

El fallo de la justicia europea “sitúa a ERC de nuevo en una situación preeminente en la negociación”, sostiene la analista Isabel García Pagan en un artículo en el diario catalán La Vanguardia.

“Esto a ERC le va a generar mucha presión”, abundó el politólogo Pablo Simón en declaraciones a la AFP.

Según él, la decisión del TJUE “complica la estrategia más pactista de ERC” que, al menos en público, deberá adoptar “una posición más dura” con respecto al PSOE.