La condena a líderes independentistas relanzó a Cataluña al centro del debate político a pocas semanas de las legislativas en España, una mala noticia para el socialista Pedro Sánchez ante una derecha que buscará capitalizar su discurso duro contra los separatistas, indicaron analistas.
Sánchez “ha perdido el control de la agenda de campaña, porque la sentencia le ha metido en una bronca (…) a priori favorable a las posiciones de la derecha”, resumió a la AFP Oriol Bartomeus, politólogo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En plena campaña hacia las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el presidente del gobierno saliente usó un discurso que buscó la moderación para responder a la sentencia del Tribunal Supremo que el lunes condenó a nueve separatistas a penas de hasta 13 años de cárcel por la fallida secesión de Cataluña en 2017.
Por un lado, garantizó el “íntegro cumplimiento” del fallo, negando la posibilidad de indultos, y por el otro aseguró que las fuerzas del orden actuarán con “proporcionalidad” ante las protestas que estallaron inmediatamente en Cataluña, algunas por momentos violentas.
El Partido Socialista “quiere presentarse como la fuerza razonable, tanto en política económica como territorial, y la respuesta de Sánchez responde a esa estrategia: ‘Mano dura, pero no sobrerreacciono"”, explicó Antonio Barroso, del gabinete londinense de análisis Teneo.
Un “delicado equilibrio”, según Barroso, “muy difícil de mantener si se desbordan los acontecimientos” en Cataluña, que aguarda nuevas protestas después de que la jornada del lunes se saldara con 131 personas atendidas por los servicios médicos.
Encuestas desalentadoras
La sentencia llegó también en desalentadoras encuestas para los socialistas: aunque ganarían, obtendrían en el mejor de los casos algunos escaños adicionales a los 123 que lograron en abril, lejos aún de la mayoría absoluta de 176 diputados sobre 350 que integran el Parlamento.
Por el contrario, el Partido Popular (derecha) es la formación que más gana terreno, conquistando 30 escaños adicionales para llegar a los 90, según un sondeo publicado el lunes por el diario conservador El Mundo.
De todas maneras, sigue sin posibilidades de formar una mayoría alternativa con el apoyo del centroderecha liberal de Ciudadanos (que se desplomaría de 57 a 21 escaños) y la extrema derecha de Vox (sube de 24 a 31).
Sánchez lo tiene también difícil: la sentencia lo alejó más de la coalición de izquierda radical con la que fracasó en un intento de entenderse para formar gobierno en julio, Unidas Podemos, que salieron en defensa de un referéndum para que los catalanes decidan sobre su permanencia en España, una posibilidad negada para los socialistas.
En ese contexto, el discurso de Sánchez busca “no dejar ningún flanco abierto” frente al “mensaje claro” y duro de la derecha ante el conflicto catalán, dijo Antonio Barroso.
La derecha presiona
El líder del PP, Pablo Casado, que en el pasado defendió volver a intervenir la autonomía de Cataluña como ya hizo su formación estando en el poder tras la fallida secesión en octubre de 2017, se apresuró el lunes a pedir a Sánchez que responda “de forma contundente” al llamado independentista a la “desobediencia civil” en repudio a la sentencia.
Unas palabras similares a las de Albert Rivera, cabeza de Ciudadanos, una formación que lleva en el ADN la oposición al nacionalismo catalán.
Casado y Rivera instaron a los socialistas a demostrar su “credibilidad” frente a los independentistas, rompiendo los acuerdos que mantienen con ellos en la Diputación de Barcelona y en otros ayuntamientos catalanes.
En el pasado, ambos líderes acusaron a Sánchez de ser rehén de los separatistas, porque apoyaron su llegada al poder mediante una moción de censura en junio de 2018.
Tras asumir la presidencia del gobierno, Sánchez intentó un diálogo con los independentistas, que quedó roto al iniciarse el juicio contra sus líderes en febrero pasado.
Y en las últimas semanas en previsión a la sentencia del Supremo, Sánchez endureció su discurso, sin descartar medidas extraordinarias para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña.
En todo caso, el hecho de que el conflicto catalán se apodere del centro del debate hacia las legislativas “no le permite hablar a Sánchez de lo que quisiera hablar, que es de estabilidad económica (…) o centrar la campaña en políticas sociales, para contrarrestar (el discurso de) otros partidos como Unidas Podemos”, agregó Antonio Barroso.
