Las Naciones Unidas piden al gobierno francés respuestas sobre los procesos judiciales que enfrentan sus connacionales miembros de la organización Estado Islámico. Sospecha que París haya facilitado ilegalmente la extradición de yihadistas de Siria para ser condenados a muerte por tribunales iraquíes.
Al principio del verano, once franceses que se encontraban en los rangos de la organización Estado Islámico en Siria fueron condenados a la pena de muerte por un tribunal de Bagdad, en procesos que luego fueron criticados por su falta de imparcialidad.
En una carta dirigida al gobierno francés el lunes 12 de agosto, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, lamentó que fueran transferidos a Irak y juzgó las condenas contrarias al derecho internacional.
Según la relatora, en estas extradiciones, que ocurrieron a finales del mes de enero, Francia habría tenido cierta implicación. “Se violó una norma absoluta de derecho internacional”, precisa Callamard señalando que un Estado que haya abolido la pena de muerte no puede legalmente transferir un individuo a un país que sigue aplicando este castigo para que su judicialización continúe allí. “¿Dónde están la justicia y la verdad?”, interroga la relatora.
“La carta será difundida al público en 60 días”
El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés rechazó las acusaciones y descartó lo que consideró como “puras especulaciones”. La posición oficial de Francia consiste en reiterar que “hombres y mujeres adultos que hayan incorporado al grupo Estado Islámico para luchar en el Levante mediterráneo deben ser juzgados lo más cerca posible del lugar donde cometieron crímenes”, afirma el portavoz adjunto del ministerio.
En este contexto, París pide a las autoridades iraquíes que no apliquen la pena de muerte a sus nacionales.
El abogado Nabil Boudi, que representa a algunos de los yihadistas franceses extraditados a Irak, cree que las revelaciones de la relatora de la ONU permitirán esclarecer las circunstancias de su condena.
“El gobierno francés tiene 60 días para responder, sino la carta será difundida al público y veremos en detalle lo que se le reprocha”, advierte Boudi.
El abogado agrega que llevará el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
