En unos años, 500.000 sirios se refugiaron en Estambul, donde son muchas veces blanco de violencias y sufren presiones de las autoridades. En el último mes, miles de sirios han sido detenidos en Turquía y cientos de ellos retornados a su país de origen.

El pasado 22 de julio, a Hamad le despertó la policía turca. Llevaba poco más de un mes viviendo en Estambul después de huir de Idlib, la provincia siria en manos de grupos fundamentalistas islámicos que es constantemente sometida a bombardeos del régimen de Bashar al-Asad.

“Vinieron cinco o seis policías al piso donde dormíamos. Nos llevaron a 14. Algunos de nosotros no teníamos papeles, otros tenían documentación pero no estaban registrados en Estambul así que nos llevaron a la comisaría. Nos quitaron los teléfonos, los documentos sirios y hasta los cordones de los zapatos”, cuenta Hamad por teléfono desde Idlib.

Tras varios días detenido, en los que los agentes siempre le prometieron que lo llevarían a un campo de refugiados para registrarlo y poner en regla su documentación, lo subieron a un autobús y lo llevaron a la frontera con Siria.

“Para mí fue un shock encontrarme de nuevo fuera de Turquía”, comenta.

Casos como los de Hamad se hacen cada vez más comunes. Después de más de ocho años de guerra en Siria, el número de refugiados en Turquía se ha incrementado hasta los 3,6 millones. La población local ha pasado de defender la acogida de refugiados a rechazarla.

El Gobierno turco también cambió su postura: de la política de puertas abiertas de hace unos años, ha pasado a un endurecimiento de las condiciones.

En el último mes, miles de sirios han sido detenidos en Turquía y cientos de ellos retornados a Siria. Además, el gobernador de Estambul ha dado como plazo hasta el 20 de agosto para que todos aquellos refugiados inscritos en otras provincias del país, pero que residen en Estambul, abandonen la ciudad.

“Estambul ha superado el límite de su capacidad. Debemos reducir la presión demográfica”, explica Ramazan Secilmis, jefe del departamento de lucha contra la inmigración ilegal del Ministerio del Interior. Según él, el Gobierno se limita a cumplir las reglas, al mismo tiempo que, asegura, cumple con las normativas internacionales de protección de los refugiados.

“Negamos que sean verdad esas denuncias de retornos forzados. Todos los retornos a Siria son voluntarios”, afirma Secilmis. Pero casos como el de Hamad demuestran que no es así. Tanto a él como a otros se les obligó a firmar contra su voluntad documentos en el que aceptaban la deportación. Aquellos que se niegan a firmar, son mantenidos en centros de detención hasta que cambien de opinión.

Este hecho ha llevado a que varias organizaciones de derechos humanos denuncien que Turquía está vulnerando la legislación sobre refugiados, que impide devolver a las personas que huyen a un país en guerra.