Unas 150 personas mayoritariamente latinoamericanas -incluidas familias con niños, mujeres embarazadas y algunos con discapacidades físicas o mentales- fueron expulsadas por la fuerza pública de una fábrica abandonada que ocupaban desde comienzos del año en la ciudad de Saint-Ouen, a las afueras de París.

La amenaza se cumplió este martes 30 de julio. Algunos de los 150 “okupas” expulsados por la policía en la ciudad de Saint-Ouen son refugiados políticos. Otros esperan la respuesta a su solicitud de asilo y hay quienes han sido reconocidos como prioritarios para obtener una vivienda social.

Vienen principalmente de Colombia, pero también hay bolivianos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos y unos pocos de Argelia y Egipto. Todos ellos decidieron “okupar” la edificación abandonada ante la dificultad de encontrar una vivienda o la imposibilidad de pagar los altos alquileres de París y las urbes vecinas.

“Yo llegué allí porque no tenía donde vivir. Soy padre de dos niños y, al igual que todos nosotros, no tenía a donde ir”,
cuenta Carlos, un joven oriundo de Cartago, Colombia. El caso de Aurora Torres y su esposo Eduardo es similar: aunque los dos tienen trabajo, lo que perciben no les alcanza para pagar unos 1800 euros de alquiler y mantener a sus dos hijos. En Francia, el salario mínimo mensual es de 1171 euros. Las deudas comenzaron a ahogarlos y, en consecuencia, decidieron instalarse en la fábrica vacía por un tiempo.

Su paisano, Edwin Bravo, llegó a Francia huyendo de la extorsión y las amenazas de muerte de los paramilitares de extrema derecha que comandan en Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano. Su solicitud de asilo le fue negada y, hace un tiempo, se quedó sin trabajo. “No podía seguir pagando el alquiler de la casa en la que vivíamos con mi mujer y mis dos hijos. Entonces, cuando nos hablaron de ese lugar, decidimos vivir ahí”, dice.

RFI | LouizArt Lou
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La “Okupación”

Los primeros en instalarse lo hicieron durante el mes de enero de 2019, en pleno invierno. Al comienzo durmieron en carpas colocadas a la intemperie. Poco a poco, entre todos fueron convirtiendo ese lugar librado al olvido y al desuso en un conjunto de viviendas dignas hechas a punta de reciclaje y esfuerzo común.

“Las bodegas estaban en muy mal estado y debimos acondicionarlas. Incluso cuando la policía iba quedaba admirada de todo el trabajo que se había hecho”, afirma Edwin quien ahora, tras el desalojo, no tiene un techo bajo el cual pasar la noche.

La mayoría de los colombianos que invadieron la edificación trabaja en la construcción y eso les permitió poner sus conocimientos en la instalación de la electricidad, la calefacción, el agua y acondicionar los apartamentos con electrodomésticos, mobiliario y otros enseres recuperados en las obras y depósitos de escombros.

“Al comienzo, eso era un basurero, estaba sucio, los baños repletos de heces. Entre todos limpiamos, ordenamos y organizamos el lugar”, cuenta Paola, madre de seis hijas y esposa de un pastor misionero víctima de un atentado en las barriadas de la ciudad colombiana de Cali. En Francia, Paola y su familia obtuvieron el status de refugiados políticos. No obstante, llevan meses en la larguísima lista de espera para la adjudicación de una vivienda social en alquiler.

ARHCIVO | RFI | LouizArt Lou
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El desalojo

La fábrica hasta hoy “okupada” es propiedad de la ciudad de Saint-Ouen. La alcaldía local esgrime como argumento para la expulsión de sus habitantes la construcción de una escuela en esa edificación.

Pero hasta el momento “no existe ningún permiso para transformar la fábrica en establecimiento escolar. El proyecto no será tratado sino hasta el año 2022”, afirma la DAL, la asociación por el derecho a la vivienda, que libra en Francia un combate por una vivienda digna para todos y el cese de las expulsiones.

“En los últimos meses se presentaron incendios y escapes de agua que representan un peligro para las personas que viven al interior”, justifican las autoridades de la ciudad.
“Falso”, responden las familias y aseguran que estaban dispuestas a pagar un alquiler en la fábrica si lograban llegar a un acuerdo con la alcaldía. Denuncian que nunca fueron escuchados.

Pese a la movilización de los latinoamericanos que habitaban la fábrica, ninguna autoridad los recibió, confirma la DAL. Para los dirigentes de esta asociación, a la evacuación precipitada llevada a cabo este martes subyace otra razón: “las expulsiones se hacen más frecuentes durante las vacaciones de verano porque existen leyes que impiden desalojar y sacar a la gente a la calle en período escolar y durante el invierno”.

Algunas pocas de estas familias latinoamericanas, aquellas que cuentan con niños menores de tres años o con alguna discapacidad, fueron ubicadas este martes, y por un plazo máximo de cinco días, en centros de acogida para personas en dificultad.

Pero al llegar a ese tipo de hoteles de paso fueron rechazados. Solo Margarita, una mujer minusválida en un 80%, obtuvo una explicación en la puerta del lugar que le fue adjudicado. “Me dijeron que no podían recibirme porque yo necesito cuidados especiales y que ellos no podían responsabilizarse. Luego, me echaron a la calle como a un perro”, cuenta. La misma respuesta recibió en otros dos sitios que se le asignaron.

El resto de familias, la gran mayoría, cargaron con sus casas a cuestas metidas en bolsas y maletas de viaje y se instalaron en un campamento al aire libre, frente a la alcaldía de Saint-Ouen, donde pasaron la primera noche de un periplo incierto, destino al que parecen están condenados los olvidados de la tierra.

Entre ellos, Nancy, una boliviana que llegó hace dos años a Francia con su hijo de 8 años. “Nosotros no somos de delincuentes. Somos familias latinoamericanas pobres que queremos trabajar, que queremos integrarnos a la sociedad francesa. Mi hijo va a la escuela. Yo aprendo el idioma cada día. Y, ahora, no tengo a donde ir. ¿Dónde voy a dormir? Qué solución van a dar a las familias que no tenemos un lugar para vivir. ¿Dónde están los derechos humanos que, supuestamente, Francia garantiza a la gente?”