La fiscalía del Tribunal Supremo mantuvo la acusación de rebelión, la más grave, contra nueve independentistas catalanes en el juicio por el intento de secesión de octubre de 2017 en las conclusiones definitivas publicadas este miércoles.
En un documento consultado por la AFP, el ministerio público reclama la condena por rebelión y malversación contra el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras con 25 años de cárcel, la misma petición que antes de abrirse en febrero este juicio que está llegando a su fin.
Tras 16 semanas de sesiones, también mantiene esta acusación, que implica un “levantamiento violento”, contra otros ocho acusados en prisión preventiva.
La inclusión de este delito es controvertida y las defensas la rebaten enérgicamente, sosteniendo que únicamente los cuerpos policiales recurrieron a la violencia durante la operación para impedir el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.
Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, al frente de dos asociaciones independentistas durante esa crisis, la Fiscalía pide 17 años de cárcel, al igual que para la antigua presidenta del Parlamento regional catalán Carme Forcadell.
Al resto de acusados por rebelión, los exministros regionales Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, se les mantiene la petición de 16 años por rebelión y malversación.
Además, también mantiene la petición de siete años de cárcel para los tres exdirigentes regionales juzgados únicamente por malversación y no por rebelión.
La abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado español en el proceso, mantiene la solicitud de penas inicial por el delito menos grave de sedición.
En su caso reclama entre 7 y 12 años en función del acusado.
El juicio oral de este histórico proceso, muy espinoso políticamente, deben terminarse el 12 de junio aunque el veredicto no se espera hasta el próximo otoño.
El intento de secesión regional, con la celebración del referéndum ilegal y la fallida declaración de independencia del 27 de octubre, abrió la mayor crisis política de España desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
