Los diputados británicos votan por tercera vez este viernes, el día en que Reino Unido debía abandonar la Unión Europea, sobre el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May quien, paradójicamente, tendrá que dimitir si logra imponerlo.

May mantuvo en los últimos días intensos contactos con los rebeldes euroescépticos de su Partido Conservador.

Descontentos con la forma en que negoció durante dos años con Bruselas, a quien consideran que hizo demasiadas concesiones, muchos de ellos pedían que abandonara las riendas de la formación, del gobierno y de la negociación del Brexit.

Para convencerlos de que apoyen el que ella defiende como “el mejor acuerdo posible” pero que ya rechazaron estrepitosamente dos veces, May prometió que dejará el cargo en cuanto logre su aprobación.

El tiempo apremia: tras aceptar un corto aplazamiento en la fecha de salida, inicialmente prevista para el 29 de marzo, la UE advirtió que si Londres no adopta el acuerdo esta semana deberá presentar un plan alternativo antes del 12 de abril.

Esto podría desembocar en un Brexit suave -que mantenga a Reino Unido dentro de la unión aduanera europea- o en un segundo referéndum -potencialmente fatal para el proceso- y muchos euroescépticos no están dispuestos a arriesgarse.

“Creo que hemos llegado al punto en que es mejor marcharse legalmente que no marcharse en absoluto. La mitad de una barra de pan es mejor que ningún pan”, reconoció el miércoles el diputado conservador Jacob Rees-Mogg, jefe de filas del principal grupo euroescéptico.

Y la partida de May puede ser el empujoncito que les faltaba.

El exministro de Relaciones Exteriores “Boris Johnson tiene toda la razón al decir que el riesgo palpable de perder el Brexit, sumado a la posibilidad de un cambio en la próxima fase (de negociación) significa que no tenemos otra opción que votar a favor”, tuiteó el diputado conservador Conor Burns.

May no tuvo sin embargo tanta suerte con el partido unionista norirlandés DUP, de cuyos 10 diputados depende su mayoría parlamentaria. Opuestos a la denominada “salvaguarda irlandesa”, al punto más conflictivo del acuerdo, ya anunciaron que volverán a rechazarlo.

A la tercera ¿la vencida?

Muchos diputados pueden asimismo rechazar el texto para protestar contra la decisión del gobierno de someter el Tratado de Retirada sin la declaración política que debe acompañarlo como estrategia para sortear la prohibición de presentar exactamente lo mismo que la última vez.

El acuerdo con el que May espera poner fin a 46 años de integración británica en la UE, durante los cuales se acusó a veces al país de no implicarse suficientemente en el proyecto europeo, es un mamotreto de 585 páginas, 185 artículos y 3 protocolos.

Incluye, entre otras cuestiones, los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de 39.000 millones de libras que Londres debe pagar y la controvertida “salvaguarda” para evitar reinstaurar una frontera dura en la isla de Irlanda que ponga en peligro en frágil acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.

Prevé también un periodo de transición, hasta finales de 2020 pero ampliable un máximo de dos años, para que empresas y administraciones tengan tiempo de realizar las adaptaciones necesarias. Y para que Londres y Bruselas puedan negociar los términos de su futura relación en materia de comercio, política exterior o cooperación policial.

La Cámara de los Comunes está muy dividida entre euroescépticos y proeuropeos, tanto de izquierdas como de derechas, pero todos están descontentos con el texto, cerrado en noviembre con la UE al término de año y medio de arduas negociaciones.

Los primeros consideran que hace concesiones inaceptables a Bruselas. Los segundos ven en él condiciones peores a las que tiene actualmente Reino Unido como miembro del bloque.

A mediados de enero lo tumbaron por una muy amplia mayoría -432 votos contra 202-, tras lo cual May emprendió a una renegociación con Bruselas. Pero el resultado fue a penas mejor y el 12 de marzo volvió a ser rechazado por 391 votos contra 242.