El gobierno socialista de Pedro Sánchez, minoritario en el Parlamento español, defendía este martes su proyecto de Presupuestos del Estado para 2019.

Sánchez, en el poder desde hace ocho meses, apostó por esos presupuestos para mantener en pie su gobierno y agotar la legislatura a mitad de 2020.

Pero se ha topado con la negativa de los partidos independentistas catalanes, que le han venido exigiendo negociar el derecho de autodeterminación, una línea roja para Madrid.

“Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie”, dijo María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ante la cámara.

A la presión de los separatistas se añade la de la oposición de derecha, que el domingo sacó a decenas de miles de personas en Madrid para acusar a Sánchez de “traidor” por dialogar con los independentistas.

La tensión por los prespuestos y el adelanto de las elecciones se da con el inicio del juicio a los principales dirigentes independentistas de Cataluña, que en octubre de 2017 intentaron realizar un referéndum para la independencia unilatareal de esta región al norte de España.

El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.

El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, que desde un viaje a Berlín calificó como un “test de estrés para la democracia española”.

Más duro todavía fue su sucesor al frente de la región Quim Torra, que acudió a la primera jornada del juicio en Madrid. Es una “vergüenza indigna del siglo XXI en Europa”, “un juicio que no se tendria que haber producido nunca en un estado que quiere considerarse democratico”.