El primer juicio por un caso de bebés robados en España se suspendió este miércoles, luego de que el acusado, el médico Eduardo Vela, fuera ingresado de urgencias en un hospital por un quebranto de salud.

“Hoy no puede comparecer porque se encuentra en esta situación, pues no podemos continuar con la celebración del juicio en este momento”, indicó la jueza María Luisa Aparicio en el tribunal de Madrid.

La instancia quedó a la espera de conocer más detalles sobre el estado de salud del obstetra retirado de 85 años para fijar la nueva fecha de la audiencia, que debe realizarse en los próximos 30 días hábiles.

Vela sufrió “dolores y mareos” la noche del martes, jornada cuando tuvo lugar la vista inicial del juicio, pero este miércoles “estaba peor que anoche” y “ha sido ingresado en urgencias del hospital esta misma mañana”, detalló su abogado, Rafael Casas.

El médico es el primer acusado en sentarse en el banquillo por el escándalo de los bebés robados, una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), frecuentemente, con la complicidad de la Iglesia Católica.

El doctor es acusado por Inés Madrigal de haberla separado de su madre biológica y falsificado su acta de nacimiento en 1969, hechos por los que la fiscalía pide 11 años de prisión.

Antes de morir, la madre adoptiva de Madrigal -que no podía concebir- contó que Vela le pidió simular un embarazo y luego la declaró madre biológica de la recién nacida.

Pese a que reconoció en 2013 haber firmado “sin leer” el expediente médico del parto, el profesional alegó el martes ante el tribunal no recordar nada y desconoció su firma: “Eso no es mío, no lo recuerdo”.

En el marco de este tráfico de bebés, los hijos les eran arrebatados a los padres tras el nacimiento y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas de ello. Luego eran adoptados por parejas estériles, de preferencia cercanas al régimen “nacional católico”.

Tras la Guerra Civil (1936-1939), el objetivo era castigar por razones ideológicas a adversarios, pero luego afectó a niños nacidos fuera del matrimonio, o en familias pobres o muy numerosas. Dicho tráfico perduró en democracia, al menos hasta 1987, por razones económicas.

Según organizaciones que buscan sacar los casos a la luz, decenas de miles de bebés podrían haber sido víctimas del tráfico.