La ministra del Interior británica, Amber Rudd, presentó su dimisión a la primera ministra Theresa May, que la aceptó, anunció Downing Street la noche de este domingo.
Rudd llevaba días en el ojo del huracán, después de que se revelara la existencia de cuotas anuales para deportar a inmigrantes ilegales.
La renuncia de esta fiel aliada de Theresa May es un “golpe” para la primera ministra, que afrontará el 3 de mayo unas elecciones locales importantes para comprobar el apoyo con el que sigue contando su gobierno conservador, dividido por el Brexit y con un escaso margen en el Parlamento.
Rudd, ministra del Interior desde 2016, también pagó las consecuencias de un escándalo relacionado con el trato reservado a la llamada generación “Windrush”, unos inmigrantes de origen caribeño que llegaron a Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno de May causó indignación por su cerco a los caribeños que llegaron al Reino Unido entre 1948, cuando el barco “Windrush” trajo a un primer grupo de jamaicanos.
Ellos y sus padres, bautizados como la generación “Windrush”, fueron invitados a reconstruir el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial -cuando muchos de ellos eran legalmente británicos, al haber nacido antes de la independencia de sus países-, y tras habérseles concedido un permiso indefinido de residencia.
Sin embargo, en los últimos tiempos, aquellos que no pudieron acreditar documentalmente de manera exhaustiva cada año pasado en el Reino Unido, se vieron amenazados de deportación, y en -algunos casos- privados de servicios sociales básicos.
Frente a la indignación provocada por esas amenazas de expulsión, May se vio obligada a pedir perdón ante los dirigentes de los países afectados durante una cumbre de la Commonwealth en Londres, hace dos semanas.
El lunes pasado, Rudd dijo “lamentar profundamente” esa situación, recordando “la importante contribución de la generación Windrush” en Reino Unido y anunció que sus miembros podrían obtener la nacionalidad británica de forma gratuita.
Pero la ministra volvió a la polémica, cuando la prensa reveló que sus servicios tenían que cumplir con cuotas anuales de expulsiones de inmigrantes clandestinos.
La titular de Interior afirmó el miércoles ante una comisión parlamentaria que desconocía esos objetivos, pero varios medios británicos destaparon la existencia de un documento interno que sugería que sí estaba al corriente de esas cuotas.
