El gobierno español ha evitado su peor pesadilla: un frente común independentista entre el País Vasco y Cataluña, dos ricas regiones que han asumido estrategias divergentes.

El País Vasco, con 2,2 millones de habitantes y un cuarto de ellos independentistas, quiere vivir en paz, aprovechando el inminente anuncio de la desaparición de la organización separatista ETA tras décadas de atentados.

Cataluña, que alberga a 16% de los españoles (7,5 millones de personas, de ellos la mitad independentistas), sigue sumida en la crisis política.

“Los intereses son muy distintos, unos quieren proteger lo que han ganado y otros (los catalanes) quieren más”, resume el analista político Pablo Simón.

Historia compartida

Las dos regiones se han sentido cercanas desde el siglo XIX, cuando vieron nacer movimientos nacionalistas impulsados por sus élites.

Motores industriales de España, mantuvieron una mirada con cierta distancia hacia el resto del país, rural y con una tasa alta de analfabetismo, en momentos en que perdía sus últimas colonias, destaca el historiador Carlos Gil Andrés.

Luego fueron duramente reprimidas bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que prohibió el uso oficial de sus lenguas propias.

Pero en el País Vasco la respuesta fue más radical. A ETA, nacida en 1959, se le atribuyen al menos 829 muertes hasta 2010 como parte de su campaña por la independencia de la región.

En Cataluña, Terra Lliure (Tierra Libre), con tendencia marxista como ETA, cometió atentados pero dejando solo un muerto, desde su fundación en 1978 a su disolución en 1991.

En 2003, el presidente nacionalista vasco Juan José Ibarretxe propuso que su región pasara a ser un territorio “libremente asociado” a España.

Anhelaba también, mucho antes que los catalanes, un referéndum de autodeterminación. Pero su propuesta fue rechazada por el Congreso español y los políticos vascos evitaron el choque al que los catalanes no rehuyeron diez años después.

Hoy, todas las partes ven “la necesidad de construir una nueva convivencia (…) que evite la repetición” de los años de violencia, explica Agus Hernán, del Foro Social Permanente, una asociación cercana a los familiares de los presos de ETA.

Los nacionalistas conservadores del PNV gobernantes en el País Vasco “vieron que la radicalización les alejaba del poder”, estima el senador vasco Iñaki Oyarzábal del Partido Popular (PP, conservador).

Desigualdad fiscal

Hay un elemento diferenciador clave entre las dos regiones: el País Vasco goza desde el siglo XIX de una autonomía fiscal, que le permite recaudar impuestos y decidir cómo repartir el dinero.

Sus dirigentes “se tienen que sentar con los gobiernos de Madrid (…) cada cinco anos” para negociar el “cupo”, el monto que envían al gobierno central para el pago de servicios públicos, señala Pablo Simón.

De allí que estén acostumbrados a pactar con el gobierno central y tengan interés en preservar el statu quo, aun cuando en teoría los nacionalistas defienden el derecho a la autodeterminación.

Esta ventaja fiscal ha generado resentimiento en Cataluña, que exige en vano desde hace años la misma autonomía fiscal. Pero Madrid no se muestra dispuesta a concedérsela a una región que representa un 19% del PIB nacional, frente al 6% del País Vasco.

En Cataluña tuvo lugar una “tormenta perfecta”, alimentada por la cólera contra la austeridad impuesta después de la crisis económica de 2007 y la corrupción de la que se acusaba a la clase política local, señala el periodista Borja Ventura, autor de un libro sobre el fin de ETA y numerosos artículos comparando las dos regiones.

En 2011, el entonces presidente catalán conservador Artur Mas se vio obligado a entrar en helicóptero al Parlamento regional, cercado por los manifestantes.

Y vio “una forma de ponerse la gente a favor: activándola contra un enemigo externo”, apunta Ventura, refiriéndose al Estado español.

“Desobediencia civil”

Seis años después, tras años de ignorar las decisiones de la justicia, independentistas de derecha y de izquierda en el Parlamento catalán declararon la independencia el 27 de octubre de 2017. Un juez acusa al núcleo duro del separatismo de “rebelión”.

Pero los separatistas catalanes rechazan toda comparación con los años violentos en el País Vasco.

Es “un insulto a la inteligencia y banaliza el terrorismo”, afirma el diputado independentista catalán Joan Tardá. En Cataluña se optó por “un enorme acto de desobediencia civil”.

“No vamos a descarrilar de nuestro método cívico y pacífico”, agrega Tardá.

El propio senador conservador vasco Oyarzábal reconoce que en Cataluña “no hay terrorismo”, aunque señala que la situación desembocó en un “golpe de Estado”.