Seis meses después de que Madrid tomara el control de Cataluña en respuesta al intento de secesión, la región nororiental carece de gobierno ante la insistencia de los independentistas en una complicada investidura de Carles Puigdemont.

Mientras dura la parálisis, en la región sigue vigente el artículo 155 de la Constitución a través del que el gobierno español de Mariano Rajoy intervino de facto la autonomía catalana en una medida inédita en cuatro décadas de democracia.

La aplicación de este artículo causó indignación entre las filas independentistas pero, para la oposición, ahora son ellos los responsables de que siga vigente al insistir en proponer candidatos a la presidencia con problemas judiciales, como Puigdemont u otros dos compañeros encarcelados.

“Han pasado 181 días desde la aplicación del 155 (…), si hay 155 es por la incapacidad de los partidos independentistas para formar gobierno”, criticó la portavoz parlamentaria del partido socialista Eva Granados.

“Hay que recuperar la normalidad y poner un gobierno en Cataluña”, reclamó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo.

La situación no se esclarece a pesar de que si no hay gobierno antes del 22 de mayo, la región deberá volver a las urnas y los independentistas se arriesgan a perder la mayoría absoluta obtenida en los comicios de diciembre.

Después de intentar en vano investir a dos líderes encarcelados, los independentistas vuelven a insistir en la apuesta inicial de devolver a Carles Puigdemont a la presidencia regional de la que fue cesado en octubre por Rajoy.

“No renunciamos de buenas a primeras a la investidura Puigdemont”, advertía el jueves por la noche el portavoz de su grupo parlamentario Juntos por Cataluña, Eduard Pujol.

“Somos muy testarudos (…) La partida no ha terminado”, advirtió.

Pero la elección de Puigdemont, en Alemania y pendiente de un proceso de extradición por su papel en el intento de secesión de octubre, parece complicada, sino imposible.

El Tribunal Constitucional suspendió el jueves su candidatura tras aceptar a trámite un antiguo recurso del ejecutivo de Rajoy, que advierte por activa y por pasiva que Puigdemont no será presidente.

Además, la ley presentada por la formación de Puigdemont para permitir una investidura y una presidencia telemática, que debe ser debatida en el Parlamento catalán la próxima semana, fue considerada ilegal por un órgano consultivo de juristas de la cámara regional.

Las voces para terminar con el bloqueo y evitar una repetición electoral se multiplican, incluso desde las filas independentistas.

“Sería una irresponsabilidad” ir a unas nuevas elecciones, dijo Joan Tardà, congresista del partido independentista Izquierda Republicana, el principal aliado de Puigdemont.

También desde los sectores empresariales llaman a los partidos a formar un nuevo ejecutivo en la región, temerosos de que la parálisis termine afectando a la economía, aparentemente recuperada de la crisis de octubre, que afectó especialmente al turismo y el comercio.

“A medio y largo plazo hay inversiones estancadas, esperando lo que pase políticamente, por eso vemos negativo que se alargue la situación de ingobernabilidad en Cataluña”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls.