El juez español que instruye la causa contra la cúpula independentista catalana confirmó este viernes el cargo de “rebelión” contra 13 figuras, entre ellas el ex presidente Carles Puigdemont y el candidato a presidir la región, Jordi Turull.
En el auto, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acusa a Turull, portavoz del gobierno de Puigdemont, de rebelión y también de malversación de fondos públicos, por su papel en la organización del referendo ilegal de independencia del 1 de octubre.
Turull “gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas puestas al servicio de la celebración del referéndum”, destaca el texto. Los fondos públicos empleados para el referendo se cifran en 1,6 millones de euros.
Jordi Turull, que este jueves no logró apoyos suficientes en el Parlamento catalán y debe en principio someterse a una segunda votación el sábado, estaba citado ante el juez este viernes para saber si como medida cautelar es puesto o no en prisión preventiva.
El delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, se imputa a nueve miembros del anterior gobierno catalán, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, cesado con todo su equipo por el ejecutivo central español tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Igualmente se le imputa este cargo a la ex presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, a sendos líderes de asociaciones independentistas (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) y a Marta Rovira, número dos del partido separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Rovira estaba también citada este viernes ante Llarena, pero ignoró la convocatoria y anunció por carta que se marcha al “exilio”, sin precisar adónde.
Con esta decisión, Rovira es la séptima figura del independentismo catalán que se marcha de España para evitar a la justicia y se suma entre otros a Puigdemont, instalado en Bruselas.
Otros cuatro destacados independentistas, entre ellos el ex vicepresidente regional y líder de ERC Oriol Junqueras, están en prisión preventiva.
En el auto, Llarena dice que el proceso que instruye “hace frente a un ataque al Estado Constitucional”, por parte de una campaña, la independentista, que “integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”.
Igualmente justifica su actuación diciendo que las “funciones” atribuidas a cada cual en el proceso separatista “parecen estar latentes y pendientes de reanudación, una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas” de Cataluña.
Desde el cese del gobierno regional de Puigdemont, en virtud del artículo 155 de la Constitución española, la autonomía catalana se encuentra intervenida por el ejecutivo central de Mariano Rajoy.
