La fiesta de los independentistas catalanes tras ganar las elecciones de diciembre se transformó en resaca la última semana, cuando fueron incapaces de formar gobierno lastrados por las divisiones y la falta de una estrategia común tras el fallido intento de secesión.

A diferencia del movimiento independentista en Escocia (Reino Unido) o Quebec (Canadá), controlados por un partido casi hegemónico, en Cataluña el poder está repartido entre tres formaciones, unidas en su empeño de romper con España pero a menudo reñidas entre ellas.

Estas riñas saltaron de nuevo a la palestra el martes, cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aplazó por sorpresa la investidura de Carles Puigdemont, cesado de la presidencia regional por el gobierno español de Mariano Rajoy el 27 de octubre, horas después de la fallida declaración de independencia.

El presidente de la cámara afirmó que lo hacía para asegurar un debate de investidura “efectivo y con garantías” ante las restricciones judiciales para impedir una elección de Puigdemont, perseguido por rebelión y sedición e instalado en Bélgica desde hace tres meses.

Diferentes estrategias

Pero de fondo se aprecian las diferentes estrategias entre los grupos independentistas, Junts per Catalunya de Puigdemont (34 diputados de 135), Esquerra Republicana de Catalunya (32) de Torrent y la pequeña formación de izquierda radical Candidatura d’Unitat Popular (4).

Tras el fracaso de la vía unilateral adoptada en octubre con el referéndum inconstitucional y la proclamación de una república, ERC apuesta por enfriar el conflicto e intentar aumentar los electores independentistas, que todavía se quedaron por debajo del 50% en los últimos comicios (47,5%).

Pero esto choca con la estrategia de Junts per Catalunya, que ven irrenunciable la candidatura de Puigdemont aunque eso suponga reanudar la tensión con Madrid, y de la CUP, que apuesta por la desobediencia civil.

“La realidad es que Esquerra no quiere investir al presidente Puigdemont y van a alargarlo y a buscar excusas”, lamenta un alto responsable del partido del expresidente regional.

“Pero no se atreven a decirlo en público porque se los van a comer”, añade.

Las divisiones han sido aprovechadas por la oposición, que les reclama proponer otro candidato y asumir públicamente que su líder no podrá volver a ser presidente.

“El independentismo está roto por la mitad”, aseguraba el martes su máxima rival, Inés Arrimadas, líder del antinacionalista de centroderecha Ciudadanos, la formación más votada de las elecciones pero sin apoyos suficientes para gobernar.

La restitución del “exiliado” Puigdemont fue su principal arma electoral y se ha convertido en una cuestión innegociable para muchos independentistas molestos porque Rajoy cesó a sus líderes y tomó el control de la región.

El martes, unos miles se manifestaron con caretas de Puigdemont junto al Parlamento, disconformes con el aplazamiento de la investidura. “Si la gente ha votado Puigdemont, Madrid no tiene nada que decir al respecto”, decía Anna Segarra, una química de 39 años.

Presidencia ‘simbólica’

Su elección es problemática. Si acudiera al Parlamento para defender su programa como marca el reglamento, podría ser detenido y enviado ante el juez que seguramente lo encarcelaría preventivamente como a su exvicepresidente Oriol Junqueras, de ERC.

Una investidura en su ausencia, con otro diputado leyendo su discurso, será suspendida por la justicia, provocará la permanencia de la intervención de Madrid y podría implicar nuevos problemas legales, especialmente para Torrent.

Ante esta situación y lamentando que sus aliados no les explican cómo piensan esquivar las restricciones judiciales para la toma de posesión de Puigdemont, el presidente parlamentario optó por retrasar la votación.

Mientras tanto, altos cargos del partido de izquierdas empezaban a abrir la puerta de salida a Puigdemont que, según unos mensajes privados captados furtivamente el martes por una televisión, se siente “sacrificado”.

Quien fuera su vicepresidente y todavía líder de ERC, Junqueras, propuso otorgarle una presidencia “simbólica” combinada con una ejecutiva, en Barcelona, que pudiera gobernar de forma efectiva.

De momento, Junts per Catalunya rechaza cualquier candidato alternativo aunque eso lleve a un bloqueo político y a unos nuevos comicios.

“Nosotros no queremos elecciones, pero no les tenemos miedo”, afirma el responsable de Junts per Catalunya.

Las negociaciones siguen y nadie descarta un acuerdo que selle la frágil unidad como ha ocurrido en anteriores crisis internas de los independentistas.

“No será la última vez que oigamos que el movimiento político está muerto. Pero no solo no está muerto sino que continuará creciendo”, advertía Torrent.