Un presupuesto 2018 pendiente de aprobación, una reforma constitucional atrasada sine die… Más allá de la crisis territorial el conflicto catalán contribuye a paralizar la política española, aquejada de un tiempo acá de una profunda fragmentación.
El desafío independentista, la mayor crisis política en España en 40 años, se ha añadido a las divisiones en el Parlamento, donde cada ley es objeto de arduos debates entre los partidos.
Tanto es así que en la actual legislatura, abierta en noviembre de 2016, sólo se aprobaron nueve leyes ordinarias. En 2015, en cambio, se aprobaron 48 y el año anterior, 36.
“Va a ser una legislatura excepcionalmente de poca producción”, vaticina José Fernández Albertos, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Lo primero que está bloqueado en este momento es el presupuesto de 2018. Para sacarlo adelante, el Partido Popular del presidente del gobierno Mariano Rajoy y sus aliados necesitan el apoyo indispensable de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Sin embargo, el PNV ha advertido que no concederá su apoyo mientras Madrid mantenga intervenida la autonomía catalana, lo que previsiblemente no será el caso hasta después de las elecciones regionales en Cataluña, el 21 de diciembre.
El telón de fondo de la crisis catalana es una ansiada reforma del modelo territorial. España está articulada en 17 comunidades autónomas dotadas de generosas competencias, pero varias de ellas, y no sólo Cataluña, dicen sufrir agravios y piden una financiación más acorde con sus necesidades.
La reforma territorial pasa o bien por una mejora de la financiación regional, como propugna una comisión de expertos, o en el caso más ambicioso, por una modificación de la Constitución de 1978.
