El Ministerio Público de Bélgica anunció durante la mañana de este domingo que el destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, se entregó de forma voluntaria a la Fiscalía de ese país en Bruselas junto a cuatro miembros de su gobierno.

“Esta mañana, las cinco personas que han sido investigadas por las autoridades españolas se presentaron a la policía federal de Bruselas. Fueron puestos en prisión preventiva a las 09:17 horas (…). En presencia de sus abogados, fueron notificados de la orden de detención europea”, indicó un funcionario del organismo belga.

Tanto Puidgemont como sus exconsejeros, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret “han sido privados de libertad a las 09:17 horas. Se designará un juez instructor y tendrá 24 horas (…) para decidir si los mantiene detenidos o los libera con condiciones o bajo fianza”, declaró un portavoz de la entidad.

De acuerdo a información entregada por el órgano persecutor belga, el juez a asignar le tomará declaración a los involucrados durante esta tarde.

“Sólo el abogado, el intérprete y la persona concernida estarán presentes” durante la declaración, precisaron.

Según consignó el diario español El País, con su entrega voluntaria los detenidos “evitado la imagen de su arresto por parte de la policía belga” y que el proceso judicial que se iniciará ahora “puede demorarse en torno a tres meses”.

La orden europea de busca y captura fue creada para facilitar la extradición entre Estados miembros de la Unión Europea (UE).

La juez de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, emitió el viernes por la noche órdenes europeas de busca y captura contra los cinco miembros del gobierno catalán destituido, investigados, en España por “rebelión”, “sedición” y “malversación” tras la declaración de independencia por el Parlamento catalán el 27 de octubre.

Puigdemont había escrito en Twitter el sábado por la tarde que se pondrían a disposición de las autoridades belgas.

“Estamos preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga tras la orden de detención europea emitida por España”, había escrito en un tuit en flamenco.

‘Enorme presión’

“Voy a ir a la Justicia, pero a la verdadera Justicia (…). He dicho a mis abogados que expresen a la Justicia belga que estoy totalmente dispuesto a colaborar”, había dicho el destituido jefe del gobierno regional de Cataluña en una entrevista con la televisión pública belga, RTBF.

Puigdemont defendió que en Madrid no existen garantías de “tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España”.

Según la Ley, la decisión sobre la ejecución de una orden de detención europea debe tomarse en el plazo de 60 días tras la detención de la persona concernida.

Pero si se agotan todos los plazos y se utilizan todos los recursos al máximo, el procedimiento puede llevar hasta tres meses, recordó el ministerio de Justicia belga en un comunicado. Éste es un procedimiento que se realiza únicamente mediante “contactos directos entre las autoridades judiciales”, precisó.

“Las autoridades judiciales belgas podrían rechazar la entrega de Puigdemont si existen riesgos comprobados y serios para los derechos fundamentales si es entregado a España, y si las autoridades judiciales belgas consideran que los hechos que se reprochan a Puigdemont no son infracciones penales en el derecho belga”, explicó por su parte Anne Weyembergh, presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).

Sin embargo, según varios abogados contactados por la AFP, los casos de rechazo son poco habituales.

Ocho de los nueve miembros restantes del ejecutivo regional catalán destutido por Madrid a raíz de la declaración de independencia fueron encarcelados por la juez Lamela a la espera de juicio. El noveno, que había dimitido previamente por ser contrario a dicha declaración, quedó en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros.