La crisis entre los independentistas catalanes y el gobierno de España llega el domingo a su mayor grado de exaltación con la celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido que podría sumir a España en una situación de consecuencias incalculables.

El desafío lanzado al Estado español no tiene precedente desde la frustrada intentona golpista del 23 de febrero de 1981, afirman líderes políticos españoles de izquierda y derecha.

Desde entonces, ni las acciones judiciales ni las detenciones y registros han disuadido a los dirigentes de esta rica región del noreste de España, donde vive el 16% de los habitantes del país, de organizar el plebiscito.

Antecedentes históricos

Aunque el independentismo catalán ha tenido presencia formal desde el primer cuarto del siglo XX, ha sido en las últimas semanas donde ha tomado mayor protagonismo, con la insistencia de convocar a un referéndum para su independencia, que el gobierno de España ha dejado en claro que es inconstitucional.

Sometido a una fuerte represión durante la dictadura de Francisco Franco en Españ
a (1939-1975), desde la reforma constitucional de 1978 y la instauración de una democracia plena, el independentismo catalán ha tomado gran presencia en esta comunidad autónoma del noreste de España, aunque en los últimos años se ha visto reforzada.

El director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, comenta en conversación con BioBioChile que algunos símbolos catalanes fueron reprimidos en la dictadura de Franco, así como también sus ciudadanos.

“La población catalana fue objeto de una importante represión (durante la dictadura de Franco), no se les permitía hablar en catalán o publicar diarios, revistas, libros en catalán. En ese sentido, hubo una política de Estado muy represiva, explica Rojas

Aunque desde el término de la dictadura de Franco el independentismo catalán ha mantenido una fuerte presencia en la política, en los últimos años ha crecido en su influencia, especialmente tras la crisis económica que afecta a España desde 2008.

“La crisis es un ingrediente no menor, por la sensación de que Cataluña está siendo robada por España, en un momento de crisis, donde aumenta mucho el desempleo, el conflicto social, ha sido un factor que han tensionado las relaciones”, dice Patricio Gajardo, cientista político y académico de la Universidad San Sebastián, a BioBioChile.

Además, el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que daba más autonomía a Cataluña hicieron crecer exponencialmente el sentimiento independentista en esta región.

En septiembre de 2015, con un 47,6% de los votos, los independentistas se hicieron con una ajustada mayoría en el parlamento regional que les permitió emprender su proyecto de secesión a pesar de los reproches de la oposición de olvidar a una mayoría de catalanes.

Si bien la última encuesta del gobierno regional de julio daba mayoría a los contrarios a la secesión (49,4% contra 41,1%), los partidos y entidades del no declinaron hacer campaña y piden a sus seguidores abstenerse.

Proceso inconstitucional

El 6 de septiembre los independentistas catalanes convocaron el referéndum pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español y sin un verdadero debate en el parlamento regional.

Desde entonces, ni las acciones judiciales ni las detenciones y registros han disuadido de organizar el plebiscito a los dirigentes de esta rica región del noreste de España, donde vive el 16% de los habitantes del país, y se genera el 19% del PIB.

La socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, reitera que es muy complejo realizar el referéndum en Cataluña, al no ser reconocido por España, tras ser consultada por BioBioChile.

“Es algo que España no va a aceptar en ningún caso el referéndum, creo que no va haber referéndum, quizás un incremento del sentimiento (independentista), pero el gobierno catalán no tiene los elementos necesarios para avanzar en un camino hacia la independencia”, apunta Dammert.

Los impulsores del referéndum catalán llevaron a cabo el llamado a plebiscito, a través de la promulgación de una ley de transitoriedad jurídica, aprobada por la mayoría independentista del parlamento regional para regular la transición y fundación de una hipotética república independiente si ganan el referendo.

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de transitoriedad jurídica, enfatizando la postura del gobierno de España, de que un referéndum de independencia en España es inconstitucional.

“Los catalanes no quieren llevar el tema a una reforma constitucional. Es un tema no menor, sobre el estado de derecho y el orden constitucional, porque de alguna manera hay un sector de Cataluña, que tiene legitimidad, pero que si quiere hacer un referéndum, tiene que impulsar un referéndum constitucional”, agrega Gajardo.

Posibles escenarios

¿Qué sucederá este domingo? La respuesta hasta el momento es una gran incógnita, pues no se tiene claro si se llevará a cabo el referéndum o cómo se podría llegar a ejecutar en caso de que gane el “sí”.

“Es una situación de incertidumbre, porque hay una ley de transitoriedad, que establece que dos días después de realizado el referéndum, en caso de que gane el ‘sí’, se debe declarar de manera unilateral la independencia. Y ante eso, el Estado (español) debe actuar…” recalca Gajardo.

De acuerdo a la ley de transitoriedad por la que se guían las autoridades catalanas, si en el referendo gana el ‘sí’, el gobierno de Cataluña debe declarar la independencia dos días después de concluida la consulta.

La justicia ya ordenó el miércoles a la policía cerrar los locales de votación, entre ellos escuelas y centros sanitarios. Esta instrucción pone en la cuerda floja a la policía regional catalana, dependiente del gobierno independentista.

Sus responsables, en un documento interno consultado por la AFP, mandaron a los agentes avisar a los organizadores de las ocupaciones que deben abandonar el lugar antes del “domingo a las 06:00” y, en caso de desobediencia pasiva, no aplicar la fuerza.

Si ellos no actuaran, el gobierno español, que coordina el dispositivo de seguridad, todavía cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados de refuerzo a la región.

Las medidas emprendidas contra el referendo generaron indignadas protestas de todo tipo de sectores: estibadores, bomberos, abogados, sindicatos, estudiantes y campesinos, que hicieron una marcha con cientos de tractores.

Dos expertos de Naciones Unidas advirtieron al gobierno de Mariano Rajoy de la necesidad de “garantizar el respeto a derechos fundamentales”.

Finalmente, todo se sabrá este domingo, cuando los independentistas catalanes intenten ejecutar un referéndum que ha sido calificado de inconstitucional y que no ha sido validado por España, ni por la Unión Europea.