Un fiscal español pidió este viernes la apertura de una investigación por “sedición”, a raíz de una manifestación de independentistas catalanes contra una operación policial en Barcelona, en la que guardias civiles se vieron rodeados y sus vehículos dañados.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, presentó una denuncia por “sedición”, un delito punible con pena de prisión, y pidió “el descubrimiento de los posibles responsables”.

En los próximos días, un juez de instrucción deberá decidir si admite a trámite o rechaza dicha querella.

La noche del miércoles, decenas de miles de manifestantes se concentraron ante uno de los edificios oficiales registrados por la Guardia Civil en Barcelona. Allí se concentraron después de la detención de 14 altos funcionarios catalanes relacionados con la organización del referendo de independencia del 1 de octubre, prohibido por la justicia.

En su escrito, el fiscal cita a dos figuras del independentismo catalán, los dirigentes de las influyentes asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Omnium, Jordi Cuixart, que habían llamado a protestar.

Según la denuncia de la fiscalía, Jordi Sánchez declaró esa noche delante de 40.000 personas: “que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”.

El documento menciona que los dirigentes de ambas asociaciones se habían subido a un vehículo de la Guardia Civil para llamar a la “movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo”, antes de pedir que los manifestantes se dispersaran.

En la protesta, prosigue el escrito, “tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre” y “destruidos”.

Además, los manifestantes, que estaban apiñados frente a la consejería regional de Economía, impidieron hasta la madrugada del jueves 21 de septiembre la salida de los guardias civiles que se encontraban en el interior haciendo registros.

Según la fiscalía, “la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España”.

La fiscalía acusa a los manifestantes de haber hecho esto “siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales” y en contra de la Constitución.